Los cazadores aragoneses han abatido 2.796 jabalíes este enero para luchar contra la peste porcina
La consejería de Agricultura ofrece 30 euros por animal muerto para evitar la entrada de la enfermedad en alguna de las más de 4.000 explotaciones porcinas en Aragón

Cazadores en una partida de caza en la provincia de Huesca en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado que durante el pasado mes de enero se han contabilizado 2.796 jabalíes recogidos en toda la comunidad dentro del dispositivo extraordinario de control de fauna silvestre, impulsado para frenar la expansión de enfermedades como peste porcina africana (PPA). De estos, 579 ejemplares han sido destinados a autoconsumo mientras que el resto han sido entregados en centros de recogida de caza.
Esta actuación se enmarca en el decreto ley aprobado el pasado diciembre por el actual Gobierno autonómico, que estableció un sistema de compensación económica directa a los cotos de caza con el fin de incrementar la presión cinegética sobre el jabalí, considerado el principal vector de transmisión del virus. Dicha normativa fija un pago de 30 euros por jabalí cazado y entregado por los cotos en los centros de recogida y 25 euros a estos últimos.
El departamento subraya que esta medida forma parte de la estrategia de prevención y control diseñada tras la detección de focos en Cataluña y ante el riesgo real que supone la enfermedad para un sector que cuenta con más de 4.000 explotaciones porcinas en Aragón.
El Gobierno de Aragón ha aprovechado estos datos para "trasladar su agradecimiento al conjunto de los cazadores aragoneses por su implicación y compromiso" con la prevención de la peste porcina africana. En particular, se reconoce el trabajo de la Federación Aragonesa de Caza, cuya coordinación y esfuerzo han sido clave en las actuaciones de control del jabalí.
Con este plan, Aragón continúa avanzando en la protección de su cabaña ganadera y en la prevención de riesgos sanitarios que podrían afectar gravemente a la economía agroalimentaria de la comunidad.
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