Plena inclusión Aragón ya pudo regresar el pasado mes de marzo al centro penitenciario de Zuera para continuar prestando apoyos a los reclusos con discapacidad intelectual de forma presencial. Pero muchas otras de las organizaciones que desarrollan diversas actividades de carácter social en las prisiones aragonesas todavía no han podido volver desde hace más de un año, debido a las restricciones impuestas a las visitas externas para prevenir posibles focos de covid-19 dentro de las cárceles, donde es complicado mantener medidas de aislamiento y distancia social.

La suspensión de estos programas preocupa a los técnicos de las entidades sociales, ya que complementan la labor de Instituciones Penitenciarias para lograr la reinserción de los reos. Pero la situación ha cambiado. Los presos ya están vacunados, y buena parte del personal, también. Por ello, consideran que ya es hora de volver a la atención dentro de las prisiones.

Así quedó constancia, este martes, en la primera reunión presencial, desde el inicio de la pandemia, de Enlazados. El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza acogió el encuentro de profesionales de esta agrupación de las casi dos decenas de organizaciones sin ánimo de lucro que colaboran con las cárceles aragonesas. Entre ellas se encuentran algunas tan conocidas como Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz Roja o la propia Plena inclusión, y otras más pequeñas como las asociaciones Bienestar Emocional o ¿Hablamos?.

Plena inclusión pudo retomar su actividad presencial en marzo al tratarse de una entidad de ámbito estatal que trabaja con un colectivo vulnerable, como son las personas con discapacidad intelectual. Mucha gente se sorprende al saber que estas también cumplen condena en prisiones ordinarias. Resulta difícil determinar cuántas son, debido a su invisibilidad en el sistema judicial y penitenciario. Tampoco es fácil detectarlas, pues las cárceles no cuentan con los recursos necesarios. Pero se calcula entre un 5 y un 10% de los presos en España tiene discapacidad intelectual. Y varios estudios internacionales evidencian que estas personas están sobrerrepresentadas en relación a la población penitenciaria.

Lo que preocupa a Adriana Quintana, la trabajadora social que se ocupa de las personas reclusas en Plena inclusión Aragón, son los “fuertes recortes de la subvención estatal que sustenta este programa”, que fue de 18.200 euros en el 2020, pero este año se quedó en 13.013. “Se habían conseguido muchas cosas antes de la pandemia, que espero que no se pierdan”, concluye.