El 70% de la plantilla de profesionales del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog) está compuesto por profesionales con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este centro, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por Plena inclusión, que ha iniciado su actividad este 2022, surge como un servicio público que promueve la extensión del derecho a la accesibilidad cognitiva en la sociedad española.

Entre los objetivos del Ceacog está el de hacer más comprensibles los entornos físicos de las administraciones públicas y sus webs o documentos. También formará a profesionales de administraciones públicas e investigará desarrollos tecnológicos que promuevan la accesibilidad cognitiva, entre otras acciones.

En cuanto a la composición del equipo del centro, cuatro de sus 35 empleados están vinculados a Plena inclusión Aragón: tres de las 24 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que conforman su plantilla, y una de sus once profesionales. Además del aragonés, equipos repartidos por Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid y apoyan al estatal.

Raquel Cárcamo, codirectora del centro, destaca que la accesibilidad cognitiva se ha posicionado como una fuente de empleo “de gran valor social” para las personas con discapacidad. “Nos permite aportar un valor enorme a la sociedad: hacer el mundo más fácil de entender a todas y todos”.

Jesús Martín, director del Real Patronato sobre Discapacidad, aplaude que este centro esté formado por un 70% por profesionales con discapacidad intelectual y del desarrollo, por ser “exigentes con los mandatos legales en materia de inclusión laboral”. Para Martín, “el despliegue de los fondos Next Generation debe servir para mejorar las tasas de actividad de este colectivo y de otros grupos en situación de desempleo o precariedad laboral”, sostiene, “porque la construcción de Europa necesita de todas las manos, y el progreso de un Estado hay que medirlo también en clave de Derechos Sociales”.

El Ceacog supone un importante avance en el cumplimiento del derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, recogido como principio general en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, y ampliado en sus artículos 9 y 21. El Gobierno aprobó el pasado noviembre, en los Presupuestos Generales del Estado para el 2023, una inversión de 1,5 millones de euros para la creación y mantenimiento del centro.