Un nuevo año para la incidencia política

Una mayor personalización de la atención a la dependencia para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, más y mejores apoyos para sus familias y mejoras en la accesibilidad cognitiva o en el acceso a la vivienda. Estos van a ser los cuatro grandes ejes en torno a los cuales va a girar la labor de incidencia política y legislativa del movimiento asociativo de Plena inclusión en 2026.

Precisamente, en los primeros meses del año se espera la aprobación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad. Plena inclusión se afanará en mejorar el reconocimiento de las familias de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en su condición de cuidadoras, visibilizando el sobreesfuerzo económico que realizan y la necesidad de compensar su dedicación permanente a los cuidados de sus seres queridos con discapacidad intelectual y del desarrollo.

De este modo, Plena inclusión pretende consolidarse en 2026 como referente estatal en la defensa de los derechos de este colectivo. Y, con tal fin, dará continuidad al trabajo desarrollado durante el año recién concluido a través de distintas acciones de incidencia jurídica y legislativa en ámbitos estratégicos.

En 2025, el movimiento asociativo hizo decenas de aportaciones a proyectos de ley y estrategias estatales sobre empleo, vivienda y protección digital a menores. En lo que respecta al anteproyecto de la nueva ley de dependencia, en trámite parlamentario, propone el acompañamiento en los procesos de preparación para la jubilación, agilizar el acceso a las prestaciones y hacerlas compatibles con el empleo.

En el ámbito judicial, Plena inclusión impulsó varios litigios estratégicos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar acceso a la justicia, la educación inclusiva y la vida familiar. Y lanzó, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, una guía sobre la protección de las personas con discapacidad en el proceso penal.

En colaboración con el Ministerio del Interior, formó a 650 policías nacionales sobre cómo la violencia de género afecta a mujeres con discapacidad intelectual. Y elaboró dos guías de intervención policial con personas con discapacidad intelectual para prevenir los delitos de odio. Finalmente, con la campaña Sin recursos no hay cuidados, reclamó a las administraciones públicas una financiación suficiente que asegure la sostenibilidad de servicios y apoyos fundamentales para las personas con discapacidad y sus familias.