Las reivindicaciones de Plena inclusión Aragón para el 8F: "Tenemos una legislación avanzada, pero necesitamos que sea efectiva"

Las propuestas se agrupan en torno a una docena de ejes temáticos que tratan de abarcar todas las dimensiones de la persona, tanto en su vertiente individual como en aquellos aspectos que afectan a su participación social, con el fin de garantizar el bienestar y los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Y todas ellas tienen como marco de referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

"Solicitamos unas políticas públicas con un enfoque de derechos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias", indica Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón. "Tenemos una legislación avanzada, con la Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón a la cabeza, pero lo que necesitamos es que esta sea efectiva, y que aquello que recoge no se convierta en derechos de papel. Porque las leyes, si no van dotadas de presupuestos, no son efectivas. Más bien al contrario, se quedan en meras declaraciones de intenciones".

La asociación ha trasladado sus propuestas a los ocho partidos que obtuvieron representación en las Cortes de Aragón en las anteriores elecciones autonómicas de 2023, con el fin de que puedan conocer las inquietudes, demandas y necesidades de los aragoneses con discapacidad intelectual y del desarrollo, sus familias y las entidades que los apoyan, y con la esperanza de que las tengan en cuenta en el diseño de sus políticas dirigidas a este colectivo para los próximos cuatro años.

Y, a su vez, ruega a las agrupaciones políticas que, en la medida de lo posible, expliquen sus programas electorales de manera cognitivamente accesible a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para que, como ciudadanas de pleno derecho, puedan ejercer de manera efectiva y sin barreras su derecho al voto, recuperado en el año 2018, en línea con el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.