Este verano, se quedan sin vacaciones

Más de 1.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España no podrán disfrutar este 2026 de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El programa de vacaciones que beneficia a miles de integrantes de este colectivo sufre este año una disminución aproximada del 50% respecto a la cantidad concedida a las entidades de Plena inclusión en 2025.

El movimiento asociativo lamenta que, al recortar el presupuesto, se reducen significativamente las oportunidades de disfrute de vacaciones para miles de personas especialmente vulnerables, algunas con grandes necesidades de apoyos, que precisan del acompañamiento de profesionales para acceder a unos días de descanso.

Y, todo ello, teniendo en cuenta que la cantidad asignada hasta el año pasado ya era insuficiente. En 2025, al menos 600 personas que habían solicitado beneficiarse de este programa a través de Plena inclusión, sus entidades y federaciones, como Plena inclusión Aragón, ya no pudieron acceder a los viajes del IMSERSO. Si la situación ya era precaria, este cambio aumenta lo deficitario de la propuesta.

En 2012, se iniciaron los recortes, con una bajada del 40% a causa de la crisis económica, pasando de cinco a tres millones. Desde entonces, esta situación subsiste y ningún gobierno la ha revertido. Si se suma el acumulado de estos 14 años de bajada del presupuesto dedicado a las vacaciones de personas con discapacidad, el recorte supera los 20 millones de euros.

Plena inclusión cree necesario revertir esta tendencia y compensar el déficit de apoyos en el ámbito del ocio y el turismo. Se trata de un derecho básico para acceder en igualdad de condiciones a los bienes culturales y al derecho a una inclusión efectiva. Muchas personas solo cuentan con esta oportunidad para poder salir de su entorno familiar o institucional.

Esta decisión se produce por un cambio de criterio respecto a los sistemas de valoración. El propio Imserso ha informado de que el proyecto presentado por Plena inclusión ha obtenido una puntuación similar a la lograda en años anteriores.

Sin embargo, los nuevos criterios se han establecido sin que existiera una interlocución previa con las organizaciones solicitantes acerca de su impacto sobre las personas beneficiarias. Y tampoco se han tenido en cuenta los 32 años de experiencia del movimiento asociativo ni su capacidad de ejecución en todas las comunidades que, gracias a una red de 950 entidades, permite generar equidad territorial y de oportunidades.