Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer la nueva ley de inmigración francesa, que endurece las condiciones de entrada de extranjeros no comunitarios y restringe las posibilidades de obtener permisos de residencia. El artífice del proyecto, el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, afirmó que la ley abre "una etapa decisiva en la puesta en marcha de la política de inmigración del Gobierno", mientras la oposición le acusó de alentar una "visión peligrosa" que convierte a los inmigrantes "en delincuentes en potencia".

La izquierda apoyó con sus votos el texto del Gobierno sólo en dos puntos: el castigo para los empresarios que contraten a inmigrantes clandestinos y la reducción de la llamada doble pena . La reducción de los casos en los que se podrá expulsar a los extranjeros que hayan cometido un delito en Francia y que ya hayan cumplido la correspondiente condena por ello fue aprobada por una mayoría de diputados que rozó la unanimidad.

Con la única excepción de los delitos de terrorismo y los atentados a los intereses fundamentales del Estado, la nueva normativa impedirá aplicar esa medida a los extranjeros que hayan nacido en Francia, los que vivan en el país durante más de 10 ó 20 años, según los casos, o los que sean padres de hijos franceses.

Se da satisfacción de esta manera a una reivindicación planteada por políticos de izquierda y derecha, que se han sumado a la campaña iniciada hace más de un año por el cineasta Bernard Tavernier, autor de la película La doble pena .

RECHAZO DE LA IZQUIERDA En el resto del debate, la izquierda mantuvo una política de rechazo frontal, con alegatos virulentos en torno a la propuesta gubernamental de triplicar el periodo durante el que los inmigrantes sin papeles pueden permanecer en centros de detención antes de su expulsión. La oposición calificó de "retroceso manifiesto" la ampliación de 12 a 32 días, mientras el ministro Sarkozy replicó que aun así, Francia "será el país de la Unión Europea con un plazo más corto".

El Gobierno pretende que la nueva ley sirva para llevar a cabo una política que reduzca el número de inmigrantes clandestinos impidiendo la entrada en Francia de extranjeros sin papeles y expulsando cada año hacia sus países a entre 30.000 y 40.000 ciudadanos extranjeros.