Un grupo de militares filipinos compuesto por una sesentena de soldados y 10 oficiales desertó ayer. El hecho fue interpretado como un intento de golpe de Estado, ya que los militares sublevados podrían estar bajo las órdenes del senador Gregorio Honasan, quien durante el mandato de la expresidenta Corazón Aquino (1986-1992) encabezó diversos intentos fallidos de derribar al Gobierno. Honasan es un declarado partidario del expresidente Joseph Estrada, quien fue destituido en enero del 2001 por corrupto tras una revuelta popular pacífica.

Los militares rebeldes abandonaron sus puestos llevándose sus armas, lo que motivó una orden de detención inmediata. La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, afirmó, tras una reunión de urgencia con su Gabinete, que los desertores "son fugitivos perseguidos por la justicia militar". También criticó, refiriéndose a Honasan, "a los políticos sin escrúpulos que explotan el complejo mesiánico de esos oficiales descontentos para sus ambiciones personales". El ministro filipino de Defensa, Angelo Reyes, pidió a la población calma y aseguró que los rumores de golpe carecen de fundamento.

APOYO AL GOBIERNO Los altos jefes del Ejército no apoyan la revuelta y tampoco la población civil. Estados Unidos expresó su respaldo a la presidenta Arroyo. Por su parte, el cardenal Jaime Sin, autoridad eclesiástica con una gran influencia social en el archipiélago, cuya población es mayoritariamente católica, había advertido del peligro de "un complot militar en marcha".

La presidenta, que se prepara para exponer a la nación, el lunes, un programa de reformas políticas, económicas y sociales, mencionó el viernes su intención de "resolver personalmente con los militares" el malestar detectado en los últimos meses entre los jóvenes oficiales. Estos se quejan de la corrupción en el Ejército, de vivir en malos alojamientos y de que los militares de origen humilde no pueden progresar en el escalafón. Arroyo añadió que está dispuesta a escuchar los "agravios legítimos" de los militares, pero que los rebeldes serán juzgados por la ley marcial.

Arroyo recibió el apoyo explícito del Ejército cuando era vicepresidenta para ocupar el sillón de la presidencia tras la caída de Estrada.