En medio de un gran secretismo, sin grabadoras ni cámaras, y sin prestar juramento, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el vicepresidente, Dick Cheney, se someterán hoy en privado y de forma conjunta en la Casa Blanca a las preguntas de la comisión independiente del Congreso que investiga el 11-S.
Las numerosas limitaciones a esta comparecencia impuestas por la Casa Blanca han levantado críticas de la oposición demócrata. Esta achaca la insólita declaración conjunta de Bush y Cheney al deseo de eliminar toda posibilidad de que ambos se contradigan acerca de lo que supieron sobre la amenaza de atentados de Al Qaeda antes del 11-S y sobre lo que hicieron para proteger al país.
"Estoy deseoso de dar la oportunidad a los miembros de la comisión de que nos interroguen", afirmó ayer Bush, que sólo ha aceptado que se tomen notas durante su comparecencia. "Hablaremos de nuestra seguridad, de lo que pasó aquel día y de lo que condujo a ello", añadió.
LAS FAMILIAS, INDIGNADAS La comparecencia del presidente se logró tras grandes forcejeos e indignadas peticiones de los familiares de las víctimas del 11-S. La comisión citó por separado a Bush y a Cheney, que sólo aceptaron declarar juntos.
En Washington, el Tribunal Supremo comenzó a estudiar si la Administración de Bush tiene derecho a encarcelar indefinidamente a ciudadanos estadounidenses, escudándose en la guerra al terrorismo. El caso ha llegado al Supremo debido a las demandas planteadas por Yaser Esam Hamdi, capturado en Afganistán con los talibanes y detenido desde hace dos años y medio sin acusación alguna, y José Padilla, arrestado en Chicago en el 2002 bajo la acusación de intentar hacer explotar una bomba radiactiva. Ambos detenidos están confinados en un buque militar en Charleston (Carolina del Sur). El Tribunal Supremo se pronunciará en julio.
