Soy inocente", dijo ayer el dictador Augusto Pinochet al juez chileno Juan Guzmán Tapia. Ambos se volvieron a ver las caras en la casa del senador durante 45 minutos en un interrogatorio sobre la desaparición de 19 opositores en el marco de la operación Cóndor, como se llamó la coordinación represiva de los regímenes militares latinoamericanos en los sangrientos años 70 y 80. El sátrapa calificó a dicho plan de "cosas pequeñas".

Guzmán tiene en principio cinco días para decidir si procesa a Pinochet, que en octubre cumplirá 89 años y, de acuerdo con testimonios de su entorno, se siente abatido por las causas judiciales a las que se enfrenta, las peleas entre sus hijos, la falta de un claro apoyo del Ejército y el silencio de una derecha que creció bajo su ala y ahora le da la espalda para no perder votos en las próximas elecciones municipales.

"LA DIGNIDAD DE UN BUEN SOLDADO" Gustavo Collao, abogado del dictador, dijo que éste contestó las preguntas "con la dignidad de un buen soldado, de un buen hombre, un expresidente". Otras fuentes indicaban lo contrario: cuando Guzmán lo interrogó ayer sobre la operación Cóndor, Pinochet replicó que dada su condición de "presidente" no podía ocuparse de "cosas pequeñas". La evasiva respuesta no parece propia del hombre que afirmaba que en Chile no se movía "ni una hoja" sin su consentimiento.

La defensa del dictador recurrió a todas las artimañas legales para evitar el interrogatorio. Días atrás, sendos reveses en el Tribunal de Apelaciones hicieron inevitable el encuentro con Guzmán, el mismo juez que lo procesó en febrero del 2001 por su responsabilidad en el secuestro y posterior homicidio de unas 80 personas. Aquella resonante causa, conocida como la Caravana de la muerte , terminó archivada cuando el Supremo dictaminó que la "demencia moderada" de Pinochet le inhabilitaba para hacer frente a un juicio. Nadie imaginaba por esos meses que el escenario político cambiaría tanto como para que el dictador volviera a ser desaforado.

La combinación de varios factores lo hizo posible. Primero se descubrieron en Estados Unidos sus millonarias cuentas secretas; después, el Tribunal Supremo argentino ratificó la condena de un agente del espionaje de Augusto Pinochet implicado en el asesinato en Buenos Aires del exjefe del Ejército chileno, el general Carlos Prats. El atentado fue cometido en el año 1974 y es considerado el acta de nacimiento de la operación Cóndor.

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD Para el Supremo argentino, se trató de un crimen de "lesa humanidad" y, por lo tanto, no prescribe. Los ecos de esa sentencia llegaron a Santiago. Los mismos miembros del Supremo que en el 2001 bloquearon el avance del proceso por la Caravana de la muerte , dieron marcha atrás y privaron a Pinochet de su inmunidad.

El juez Guzmán llegó por la mañana a la residencia de Pinochet, ubicada en uno de los más selectos barrios de Santiago. Antes de que transcurriera una hora, dejó la mansión sin soltar palabra. Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes, cree que Pinochet será procesado. Guzmán puede hacerlo antes de practicarle los exámenes médicos. O dejar las pruebas periciales para después.

Pablo Rodríguez, arquitecto de la defensa de Pinochet, está convencido de que el resultado de los análisis serán inequívocos y el dictador volverá a eludir la justicia. Si no ocurre así, deberá someterse a los trámites habituales: la toma de las huellas y las fotos de frente y perfil. "Hay que dejar que los jueces trabajen tranquilos", pidió el Gobierno.