Argentina puede estar ante su primer desaparecido político de la democracia. Las fuerzas de seguridad del país buscan a Julio López, cuyo rastro se perdió después de que aportara un testimonio clave que permitió la semana pasada condenar a cadena perpetua al excomisario Miguel Etchecolatz por graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-83).
Tanto en esferas del Gobierno del presidente Néstor Kirchner como en organismos defensores de los derechos humanos crece la sospecha de que López, un albañil de 77 años que padeció la represión y que vio como asesinaban a un matrimonio y torturaban a menores, está en manos de los secuaces que Etchecolatz puede tener todavía en las filas de la policía bonaerense.
Etchecolatz fue jefe de Investigaciones de Ramón Camps, el coronel que dirigió las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires y que se jactó de haber matado a 5.000 personas. "Las hipótesis que se manejan son que López haya buscado alguna forma de esconderse, aunque tras una semana desaparecido no descartamos que haya sufrido represalias por sus declaraciones", dijo el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock.
Cuantos más días pasan sin que sea encontrado López, "más aumentan los riesgos", reconoció Binstock. Mientras prosigue la búsqueda del albañil --se ofrecen 51.000 euros de recompensa a quienes aporten datos sobre su paradero--, las organizaciones humanitarias reclamaron al Gobierno la protección de todas las personas que deben declarar en los numerosos juicios que se abrieron contra los represores desde la anulación de las leyes de impunidad.
"Sería terrible que estuviéramos ante un mensaje mafioso", expresó la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. La desaparición de Julio López se produce cuando desde algunos sectores minoritarios --civiles y militares retirados-- se busca frenar los juicios contra represores argentinos.
