El presidente de Estados Unidos, George Bush, tenía anoche al alcance de la mano la nueva y dura ley sobre el interrogatorio y juicio de presuntos terroristas, que describe como "herramienta" esencial para combatir el terror, aunque la oposición demócrata la denunció como "equivocada, anticonstitucional y antiamericana", en palabras del senador Patrick Leahy. Tras la aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Representantes, el miércoles por la noche, el Senado se disponía a darle también el visto bueno.
"Esta ley hará retroceder 900 años a la civilización", clamó ayer hasta un destacado miembro del partido de Bush, el senador republicano Arlen Specter, cuando la Cámara alta del Congreso rechazó una enmienda que hubiera garantizado el derecho a apelar ante los tribunales federales de EEUU a los extranjeros detenidos por Washington, calificados de "combatientes enemigos".
La enmienda, rechazada por 51 votos frente a 48, fue el último bastión de resistencia a la ley de los demócratas. Para conseguir que se sometiese a votación, la oposición aceptó incluso no plantear ninguna táctica dilatoria que impidiese la aprobación de la ley antes del receso del Congreso, el lunes, de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
De hecho, la batalla fue dura. Después de recibir el miércoles en la Casa Blanca a sus aliados, los presidentes de Pakistán, Pervez Musharraf, y de Afganistán, Hamid Karzai, Bush canceló otros asuntos y se centró de pleno en la ley. El presidente batalló personalmente por su aprobación en una visita relámpago al Senado. Tuvo incluso que sofocar la rebelión de tres senadores republicanos que pusieron objeciones a las prerrogativas que el texto confiere a Bush en el trato a los prisioneros de guerra, al permitir reinterpretar las Convenciones de Ginebra.
"Los ciudadanos deben saber que estamos trabajando para ganar esta guerra al terror. Nuestra responsabilidad más importante es proteger a los estadounidenses de nuevos ataques, y no podemos decirles que estamos cumpliendo totalmente con nuestro trabajo a menos de que tengamos los medios para ello", añadió.
"COMBATIENTES ENEMIGOS" La nueva ley autoriza la creación de tribunales militares para juzgar a "combatientes enemigos", como el casi medio millar confinado en la base de Guantánamo (Cuba), y permite a los acusados acceso a las pruebas contra ellos excepto las secretas. Autoriza también el uso limitado de pruebas obtenidas de forma coercitiva y aumenta la definición de "combatientes enemigos" a aquellos que proporcionan armas, dinero y otros apoyos a grupos terroristas. Respecto a este punto, el senador Leahy denunció que permitiría al Gobierno detener indefinidamente y sin acusación a cualquier inmigrante.
La nueva normativa establece también las guías para interrogar a los presuntos terroristas. Pero los activistas proderechos humanos denunciaron que podría permitir el empleo de técnicas rayanas en la tortura, como la privación de sueño.
La ley será esgrimida como una victoria por Bush y los republicanos durante la campaña electoral.
