El controvertido programa para intervenir los teléfonos y vigilar los correos electrónicos de los estadounidenses auspiciado por el presidente de EEUU, George Bush, tras el 11-S, y declarado inconstitucional por un juez federal el mes pasado, recibió el jueves el espaldarazo de la Cámara de Representantes. El proyecto, que obtuvo 232 votos contra 191, autoriza al presidente a ordenar escuchas telefónicas de las conversaciones de residentes en EEUU con el extranjero por un máximo de 90 días tras "un ataque terrorista", si existe sospecha de que la persona vigilada se comunica con sospechosos.

La mayoría republicana que controla la Cámara aprobó un proyecto de ley que tendrá validez después de la aprobación del Senado. No obstante, su aprobación será empleada por Bush y por su partido para presentarse como los paladines de la lucha antiterrorista durante la campaña electoral para los comicios legislativos del 7 de noviembre. Además, el presidente podría extender tales escuchas otros 90 días con permiso judicial y del Congreso.

VIGILANCIA DE CORREOS Tras un "ataque armado", el mandatario podrá ordenar la vigilancia de correos electrónicos durante 90 días, frente a los 15 que ahora permite la ley, siempre y cuando la medida haya sido autorizada por el Congreso. Si el presidente piensa que existe "amenaza de ataque inminente", también puede ordenar la vigilancia de las comunicaciones electrónicas por el mismo plazo de tres meses, prorrogable con permiso judicial y del Congreso.

Este proyecto de ley se enmarca en el paquete de medidas para reforzar el músculo de Washington en la lucha antiterrorista, como la nueva ley que crea tribunales militares para juzgar a los terroristas, y que el presidente se disponía a firmar ayer para su entrada en vigor.

Los republicanos, que dominan por mayoría en ambas cámaras del Congreso, han logrado impulsar estas controvertidas medidas, frente al reparo o abierto rechazo de la oposición demócrata, cuyos miembros denunciaron enérgicamente que el nuevo texto implica la erosión de los derechos civiles.

"LA LETRA PEQUEÑA" "Escondidas en la letra pequeña del proyecto de escuchas telefónicas hay medidas que otorgan al Gobierno autoridad para mantener permanentemente datos sobre estadounidenses inocentes, para exigir datos personales sin la tutela de los tribunales, y para poner fin a cualquier demanda legal por escuchas ilegales", advirtió el representante demócrata, John Conyers.

Sin embargo, los republicanos contratacaron sosteniendo que "la oposición irracional de los demócratas a unas políticas de seguridad nacional que ayuden a mantener seguro" al país "debería preocupar profundamente a los estadounidenses", según recalcó John Boehner, líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso.