José Luis Rodríguez Zapatero planteó ayer a los líderes de la Unión Europea (UE) la necesidad de revisar el derecho humanitario internacional con el fin de que los inmigrantes sin papeles rescatados en el mar puedan ser devueltos sin más consideraciones legales al país de partida de la embarcación. También instó a sus colegas a buscar fórmulas comunes para el tratamiento de los menores no acompañados que llegan ilegalmente a suelo europeo. En España, la autonomía a la que arriban debe encargarse de ellos hasta que cumplan la mayoría de edad.

Por invitación expresa de la presidencia finlandesa de la UE, Zapatero expuso sus puntos de vista sobre el fenómeno de la inmigración durante la cumbre informal que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco celebraron en la ciudad de Lahti. En su paquete de propuestas, el mandatario español incluyó además la apertura de oficinas europeas de contratación de trabajadores en terceros países, la intensificación del patrullaje conjunto en Canarias, el refuerzo de los controles fronterizos y el aumento de la cooperación con África.

RECHAZO DESDE FRANCIA En el encuentro, el presidente de Francia, Jacques Chirac, criticó de modo genérico las regularizaciones masivas de inmigrantes. Sin embargo, en la posterior rueda de prensa fue más explícito y apoyó los reproches que el ministro de Interior francés, Nicolás Sarkozy, dirigió al Gobierno español por el proceso de regularización del 2005. "Una vez estamos en el espacio Schengen, todos somos solidarios. Cuando se regulariza a 500.000 personas con sus familias, esto tiene consecuencias para todos los países", dijo Chirac, reavivando la controversia que mantuvieron Sarkozy y Zapatero.

FRONTERAS Y TRABAJO COMUNES En declaraciones a los periodistas, Zapatero se felicitó por la creciente atención que los Veinticinco están brindando al problema de los flujos migratorios. "La explicación a este interés es muy simple: las fronteras son comunes y el mercado de trabajo es común", dijo. Anunció que el Consejo Europeo aprobará en diciembre una resolución con tres puntos básicos: cooperación, control e inmigración.

Sobre la propuesta de cambiar el derecho humanitario del mar, la normativa vigente exige que quien rescate a un náufrago debe conducirlo al puerto más próximo. Si la embarcación tiene bandera, el país correspondiente debe acogerlo posteriormente. El presidente del Gobierno plantea que un cayuco con inmigrantes que pretenda entrar clandestinamente en un Estado pueda ser remolcado de vuelta al país de origen. Los pasajeros deberían perder su consideración legal de náufragos y ser tratados como inmigrantes sin papeles.