El confirmado uso de las torturas por parte del Ejército de EEUU en su denominada guerra contra el terror ha vuelto con fuerza al debate político y público. Un informe de Médicos por los Derechos Humanos dado a conocer ayer ratificó, por primera vez con pruebas médicas, las torturas en Abú Graib, Guantánamo y Afganistán. Por otra parte, una investigación en el Senado sobre las técnicas de interrogatorio usadas por los militares ha desvelado un papel de la CIA en su asesoramiento al Pentágono mayor de lo que se conocía y ha confirmado que el principal abogado del área de Defensa desoyó los avisos sobre la ilegalidad de los métodos.

Leyes rotas, vidas rotas, el estudio del grupo de médicos de Cambridge (Massachusetts), es el más amplio realizado hasta la fecha, con exámenes físicos y psicológicos a 11 antiguos detenidos que confirman los malos tratos: sufrieron y presentan secuelas de descargas eléctricas, sodomización, abuso psicológico, humillaciones, privación del sueño... En el documento final ha colaborado el general retirado Antonio Taguba, quien en una declaración dice que "no queda ya ninguna duda de que la actual Administración ha cometido crímenes de guerra. La única pregunta que queda --añade -- es si los que ordenaron el uso de tortura serán hechos responsables de ello".

El asunto lo estudia el comité de Servicios Armados del Senado, donde se han dado a conocer una docena de documentos. Según uno de ellos, un abogado de la CIA asesoró al Pentágono sobre el uso de duras técnicas de investigación, defendiéndolas como permisibles. En el acta de una reunión en el 2002 en Guantánamo, el abogado, Jonathan Fredman, dijo a un grupo de oficiales que la tortura "está básicamente sujeta a la percepción. Si el detenido muere lo estáis haciendo mal".