INFORME ANUAL.

Amnistía alerta contra el retroceso de la justicia universal

España dio el año pasado un paso atrás en la aplicación de la justicia universal, convirtiéndose en ejemplo de cómo los países más poderosos --en este caso Israel y China-- pueden presionar para evitar rendir cuentas judiciales por sus acciones. El caso español --la justicia ya solo podrá investigar causas internacionales cuando haya españoles vinculados-- fue enarbolado ayer por Amnistía Internacional (AI) para alertar de los obstáculos que los países más poderosos ponen al engranaje de la justicia universal.

AI, en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, destacó las consecuencias de poner coto a la rendición de cuentas de los estados y sus gobernantes por sus actos: cuanto más grande es la brecha en la justicia global, mayor es el número de personas que sufren abusos y vulneración de derechos.

Sin olvidar el paso de gigante que supuso la creación, en 1998, de la Corte Penal Internacional (CPI), el secretario general de AI, Claudio Cordone, insistió en la necesidad de que algunos de los países más poderosos del mundo suscriban el Estatuto de Roma del CPI. Con EEUU a la cabeza, son ocho los países del G-20 que no han suscrito el estatuto, entre ellos, China y Rusia.

Según Amnistía Internacional, ha crecido la conciencia sobre la necesidad de castigar atrocidades fruto de conflictos o represión política, pero no en el caso de la negación de derechos económicos, sociales y culturales.

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