Queriendo apagar un incendio, François Hollande ha encendido otro. Su intento salir del atolladero del caso Leonarda --la menor de etnia gitana expulsada en plena salida escolar-- conciliando la política de firmeza con la inmigración defendida por el ministro de Interior, Manuel Valls, con la sensibilidad humanista del Partido Socialista, se le volvió en contra. Su oferta de que la joven de 15 años pueda proseguir su escolarización en Francia sola, sin su familia, no contentó a nadie. Al contrario. El presidente provocó el airado rechazo de Leonarda, de toda la izquierda, de los estudiantes y también de la derecha.

"La ley se ha respetado, pero hubo una falta de discernimiento en la ejecución de la operación", argumentó Hollande apoyándose en las conclusiones del informe encargado por el Gobierno sobre las circunstancias de la expulsión de la familia Dibrani. En una intervención previamente registrada en el Elíseo, optó por la vía de en medio para salvar la cabeza de Valls, el político más popular de Francia y su principal arma para frenar el imparable ascenso de la ultraderecha. Pero al mismo tiempo cedió a la presión del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, que prometió el regreso de Leonarda si se había producido una falta.

Para calmar los ánimos, el jefe del Estado anunció la prohibición de la expulsión de sin papeles en el marco de la actividad escolar (no solo dentro del horario lectivo) y precisó que, en el caso de Leonarda, podría regresar, si ella lo deseaba, para continuar el curso "ella sola".

PETICIÓN DE ASILO "Sin mi familia no quiero regresar, tengo 15 años, no me sabría desenvolver. Mis hermanos también iban a la escuela. Hollande no se ha compadecido de mi familia. No tiene corazón, no entiendo por qué dice que se van a ocupar solo de mí", clamó la joven desde Mitrovica (Kosovo), donde se encuentra en la actualidad con sus seis hermanos y sus padres tras ser expulsados de Francia el pasado día 9. Los Dibrani han agotado el proceso de petición de asilo, denegada por la Administración al cabo de cuatro años de recursos.

Entre otras razones, el informe del Gobierno esgrime la falta de voluntad de integración de la familia, especialmente del padre, acusado de pequeños robos y de comportamiento violento con su mujer y sus hijas. Resat Dibrani reconoce haber mentido sobre el origen kosovar de la familia para obtener el asilo. Según dice, su mujer y sus hijos nacieron en Italia, pero destruyó la documentación --y también falseó el certificado de matrimonio-- para entrar en Francia. "Aceptados o no, regresaremos", reiteró ayer.

Estas circunstancias no han disminuido el sentimiento de solidaridad de la izquierda con Leonarda. "Obligar a una niña a elegir entre la escuela y su familia es de una crueldad abyecta", reaccionó Alexis Corbière, del Frente de la izquierda. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, se ha sumado a la movilización de los estudiantes, que ayer realizaron una concentración en la plaza de la Bastilla de París y anuncian nuevas protestas. Los jóvenes no ocultaron su cólera con Hollande por no mencionar siquiera al armenio Khatchitk Kachartryan, estudiante de 19 años expulsado hace menos de una semana en circunstancias similares.

DECISIÓN HIPÓCRITA Las asociaciones de defensa de los inmigrantes también pusieron el grito en el cielo. "Es una decisión perfectamente hipócrita, en realidad es un apoyo a Valls porque sabe que equivale a un rechazo", opinó Fabrice Ricopuli, portavoz de la Red de Escuelas sin Fronteras, en alusión a la solución adoptada por Hollande. El presidente no logró ni siquiera el apoyo de su partido. "Leonarda tiene que regresar con sus hermanos y su madre", reclamó el primer secretario del PS, Harlem Désir.

Salvo la silenciosa ala socialdemócrata --Valls no dijo nada en la jornada de ayer-- Hollande se encontró muy solo. "No hay humanidad en el hecho de separar a una niña de los suyos ni firmeza en la aplicación de la ley a una familia que ha hecho trampa", subrayó el secretario general de la UMP, Jean François Copé. "Las provocaciones del padre son insoportables. Hay que revisar el proceso de asilo, no puede durar cuatro años", dijo con rotundidad.

La extrema derecha también llevó el agua a su molino. "Este caso ha puesto de manifiesto la permisividad del Gobierno con los inmigrantes. Cada año se realizan 30.000 regularizaciones de extranjeros. Hay que poner fin a esta histeria colectiva y pensar en los problemas reales de los franceses", dijo Florent Philipot, del Frente Nacional.