Escándalo por presuntos empleos ficticios

La investigación al Frente Nacional por corrupción se acerca a Le Pen

La justicia indaga si se pagó a trabajadores del partido con fondos desviados del Europarlamento. La policía francesa detiene e interroga a la jefa de gabinete y al guardaespaldas de la líder ultra

La investigación al Frente Nacional por corrupción se acerca a Le Pen

La investigación al Frente Nacional por corrupción se acerca a Le Pen

La policía judicial francesa detuvo ayer al guardaespaldas y a la jefa de gabinete de Marine Le Pen para interrogarlos en el marco de la investigación por los supuestos empleos ficticios pagados por el Parlamento Europeo de los que se habría beneficiado el Frente Nacional (FN). Tras varias horas de interrogatorio, la jefa de gabinete de Le Pen fue imputada por un posible delito de abuso de confianza. El guardaespaldas fue puesto en libertad. Le Pen también podría ser investigada porque fue ella quien los contrató con cargo al presupuesto del Parlamento Europeo.

La Eurocámara sospecha desde el 2015 que 20 de los 60 contratos de asistentes parlamentarios del partido antieuropeo y xenófobo son falsos porque los nombres de los asalariados figuraban en el organigrama del partido en Francia. «No se puede cobrar del Parlamento Europeo y trabajar para un partido», alertó el entonces presidente de la Cámara de Estrasburgo, Martin Schulz.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (Olaf) ha demostrado que Thierry Légier, guardaespaldas de Le Pen, y Catherine Grisset, jefa de gabinete de la eurodiputada, cobraban por un trabajo que no hacían.

A instancias de las autoridades comunitarias, la justicia francesa investiga desde diciembre del 2016 un posible delito de desvío de fondos públicos. En ese contexto, el pasado martes la policía registró los locales de la sede del partido en Nanterre, en las afueras de París.

Los agentes realizaron copias de los discos duros de los ordenadores de dos asistentes de la candidata. El partido confirmó el registro y denunció una «operación mediática» destinada a perturbar el buen desarrollo de la campaña electoral de su presidenta.

El Parlamento Europeo había dado de plazo a Le Pen hasta finales de enero para devolver los 340.000 euros que su partido ingresó en concepto de salarios a sus colaboradores que, en realidad, no trabajaban, como exige el reglamento, en Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo ni residían cerca de las sedes de la Eurocámara.

La presidenta del FN se negó a pagar, alegando que no había cometido ningún tipo de irregularidad. Como consecuencia de estos hechos, el Parlamento Europeo le retiene desde mediados de febrero la mitad de su sueldo mensual como eurodiputada. Su abogado, Marcel Ceccaldi, anunció que presentaría un recurso contra la decisión del Parlamento.

«UNA CONSPIRACIÓN POLÍTICA» / Los interrogatorios a los colaboradores de Le Pen habían sido ordenados por la Fiscalía de París, que decidió abrir una instrucción judicial por abuso de confianza, estafa en banda organizada, falsedad y trabajo simulado.

«Los franceses saben distinguir muy bien entre un asunto judicial y una conspiración política», se quejó, visiblemente incómoda, la presidenta del FN cuando se le preguntó por la cuestión mientras visitaba un centro penitenciario de la región parisina.

Le Pen es la segunda candidata a las presidenciales que tiene problemas con la justicia por un supuesto caso de empleos ficticios. El conservador François Fillon está siendo investigado por haber contratado como asistentes parlamentarios a su esposa y a dos de sus hijos. La ley no prohíbe que los diputados franceses contraten a sus familiares, pero el trabajo tiene que ser real.

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