Estados Unidos ha dado una vuelta de tuerca más en la pugna que mantiene con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de haber convertido a su país en una «tiranía». El presidente Donald Trump firmó ayer un decreto para imponer una nueva ronda de sanciones financieras contra Venezuela, las más amplias y potencialmente dañinas hasta la fecha. Las medidas prohíben a los estadounidenses y sus entidades financieras la compra de bonos de deuda venezolana y de la compañía estatal de hidrocarburos, Petróleos de Venezuela (PDVSA). «Las medidas han sido cuidadosamente calibradas para denegar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su régimen ilegitimo», asegura el comunicado de la Casa Blanca.

En los últimos meses, la Administración Trump ha insistido en que no se quedará con los brazos cruzados mientras Venezuela «degenera en una dictadura».

Hace unas semanas, el presidente llegó incluso a amenazar con una intervención militar, unas palabras que reavivaron la truculenta historia de injerencia estadounidense en América Latina. Washington se había limitado hasta ahora a sancionar a 20 altos cargos del aparato venezolano, incluido el presidente Maduro. Pero las nuevas medidas punitivas van mucho más allá y afectarán a la capacidad de su Gobierno para financiarse en pleno colapso de la economía nacional.

«La dictadura de Maduro continúa privando a los venezolanos de comida y medicina, encarcelando a la oposición democráticamente elegida y reprimiendo violentamente la libertad de expresión», dijo la Casa Blanca, que se refirió a la Asamblea Constituyente creada recientemente por el chavismo como una «ilegítima violación del orden constitucional». La mayoría de los bonos venezolanos que cotizan en los mercados estadounidenses pertenecen a PDVSA. Las sanciones no afectarán a la compraventa de los que ya existentes, pero sí a que se emitan en el futuro. También restringe el pago de dividendos al Gobierno bolivariano.

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, tachó las medidas punitivas estadounidenses de «agresión».