La posibilidad de que el aborto sea ilegalizado planea sobre EEUU y ha desatado una ola de movilización con escasos precedentes en los 46 años desde que el Supremo lo avaló. Pero la realidad es que ya muchas mujeres de un país donde, según datos del Instituto Guttmacher, una de cada cuatro menores de 45 años interrumpe su embarazo, no tienen en la práctica capacidad de ejercitar ese derecho.

Años de legislación estatal han ido dificultando el acceso, especialmente mediante la imposición de requerimientos para los proveedores que han llevado al cierre de numerosas clínicas y centros de salud reproductiva. Por ejemplo en Alabama, epicentro del nuevo impulso a los intentos de veto más agresivo, solo cinco de ellos permanecen operativos. En los años 90 había más de 20. Las principales perjudicadas son las mujeres de zonas rurales y con escasos recursos económicos, precisamente las que menos pueden costearse los viajes o las estancias a las que obligan normas como realizar dos visitas antes de someterse a la intervención. El 49% de las mujeres que buscan un aborto en EEUU, por ejemplo, viven por debajo del nivel federal de pobreza, un porcentaje que sube hasta el 75% cuando se contabiliza a quienes tienen bajos ingresos. Y desde que en 1977 se aprobó la Enmienda Hyde, que prohibió el uso de fondos federales para financiar abortos salvo en casos de violación, incesto o peligro para la madre, solo 15 estados han aprobado usar sus propias arcas para financiar las intervenciones.

La situación replica también las desigualdades raciales que se viven en el país y afecta a mujeres de minorías.