El viceministro italiano de Infraestructura, Edoardo Rixi, miembro de la ultraderechista Liga, ha sido condenado este jueves a tres años y cinco meses de cárcel por malversación y falsificación, en un caso conocido como 'Gastos locos' ocurrido en la región de Liguria.

El tribunal de Génova que le ha condenado también ha emitido contra el viceministro una prohibición perpetua de ocupar puestos públicos. Tras conocer el fallo, Rixi ha presentado su dimisión evitando así una crisis potencial en el seno del Gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Matteo Salvini, que en su acuerdo de coalición se comprometieron al cese de cualquier alto cargo que fuera condenado por la justicia.

"Acepto su dimisión solo para protegerle a él y al Gobierno de ataques y polémicas que no tienen ningún sentido", ha manifestado Salvini, antes de anunciar que nombra a Rixi como responsable de transportes e infraestructuras del partido ultra "en reconocimiento de sus capacidades y honestidad absolutas".

Por su parte, el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte, ha dado las gracia a Rixi "por la sensibilidad institucional" que ha demostrado con su dimisión.

CENAS, VIAJES, FIESTAS... Y GALLETAS

Según la acusación de la fiscalía corroborada por la sentencia judicial, entre el 2010 y el 2012, los consejeros regionales de varios partidos se hicieron reembolsar con dinero público cenas, viajes, fiestas, visitas a parques de atracciones, flores y hasta galletas haciéndolos pasar por gastos institucionales.

Rixi, que en el momento de los hechos era líder regional de la Liga, fue acusado de malversación y falsificación, y el fiscal había pedido para él una pena de tres años y cuatro meses de prisión.

En algunos casos, según la fiscalía, incluso fueron reciclados tickets dejados por otros clientes para que fueran reembolsados.

Se cierra así, de momento, un proceso abierto por corrupción que ha implicado, entre otros, al actual senador Francesco Bruzzone, expresidente del consejo regional de Liguria, de la Liga, y condenado a dos años y diez meses. La defensa del político ha anunciado que recurrirá la sentencia alegando que "estamos convencidos de su inocencia".