Pese a que España está a la vanguardia en el reconocimiento de algunos derechos, la sociedad parece ir varios peldaños por detrás en cuanto a la aceptación e integración de la población inmigrante. En concreto, el primer estudio realizado por el Gobierno para conocer cómo vive y qué piensa sobre su situación en España la población africana y afrodescendiente indica que el 60% de las entidades que los representan considera que la discriminación ha ido a más en los últimos años, debido a la “extensión de los discursos racistas” en algunos medios de comunicación y en el ámbito político, junto al “racismo institucional” de la ley de extranjería. De hecho, la mitad de los participantes en el estudio denuncia haber sido detenido en alguna ocasión por la policía y un 85% considera que les tratan peor a ellos que a los de otros orígenes.
La investigación ha sido impulsada por la Dirección General de Igualdad de Trato, dependiente del Ministerio de Igualdad, con el objetivo de “obtener los datos necesarios para combatir la discriminación”, según explica su directora, Rita Bosaho. Y es que el Grupo de trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes, en una visita realizada a España en 2018, mostró su preocupación porque las estadísticas no registren datos desglosador por origen étnico o raza, lo que a su juicio conduce a la “invisibilidad” de esta comunidad, dificultando la búsqueda de soluciones. Por eso, Igualdad puso en marcha una encuesta online, que respondieron 1.369 personas y 42 organizaciones, y con la que se ha dado forma al estudio cuantitativo y cualitativo titulado ‘Aproximación a la población Africana y Afrodescendiente’ y difundido este domingo, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Discriminación diaria
El informe indica que, pese a la elevada proporción de personas participantes nacidas en España (el 47%) y con nacionalidad española (el 71%), el 60% dice que no sentirse de esta nacionalidad porque no les “reconocen como tal” o porque “por el color de piel constantemente cuestionan sus orígenes”. Algunos explican que la discriminación “es una constante en sus vidas”, vivencias que provocan que consideren que España es un país racista.
Y estos porcentajes podrían ser más amplios si se incluyera a las personas que no tienen acceso a internet -y no han podido responder al sondeo-, muchos de ellos porque no han regularizado su situación y no tienen una vivienda estable. De hecho, las oenegés denuncian que a los migrantes negroafricanos, especialmente a las mujeres, les cuesta conseguir estabilidad administrativa una media de 10 años, tiempo durante el cual se encuentran en inestabilidad laboral y personal.
Además, los que han contestado la encuesta tienen un perfil relativamente joven y con un nivel de estudios medio-alto, por eso “llama la atención” de los investigadores que se ubiquen en los peldaños laborales de baja (el 24%) o media cualificación (el 44%), siendo la media de ingresos de 1.497 euros al mes. Y es que relatan situaciones cotidianas tanto de discriminación laboral como en el acceso a la vivienda. El 55% vive de alquiler y el 20% en propiedad y de ellos el 47% dice haberse sentido discriminado en el acceso a la vivienda por “ser negro”, aunque sea español.
Escasas denuncias
Pese a ello, solo el 10% ha denunciado las experiencias de discriminación, porque la mayoría cree que no “sirve para nada” o ha normalizado el hecho discriminatorio, a lo que se añade que consideran que la policía tiene prejuicios raciales.
Para paliar esta situación, las entidades de personas africanas y afrodescendientes demandan cambios en la ley de extranjería, apostar por políticas de discriminación positiva y «trabajar por la igualdad real de derechos», promoviendo una ley integral contra el racismo y la discriminación, que sea efectiva y esté dotada de presupuesto, sin olvidar las políticas educativas, de representación y el empoderamiento de los más discriminados.
