Una auditoría europea concluye que el sistema de retorno fomenta los flujos migratorios irregulares

Cada año, desde 2008, se dictan unas 500.000 órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros que han entrado o residido en la Unión Europea sin autorización. Sin embargo, menos de uno de cada cinco son devueltos a sus países de origen (19% a terceros países no europeos) y eso que la Unión Europea dispone de 18 acuerdos de readmisión jurídicamente vinculantes, ha abierto negociaciones con seis países y ha cerrado seis pactos informales. Detrás de esta realidad se encuentra, según constata el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA en sus siglas en inglés) en su última auditoría, un sistema ineficaz que no garantiza que los países terceros de origen o tránsito cumplan con sus obligaciones de readmisión, que en lugar de disuadir fomenta la inmigración ilegal y que no ofrece los suficientes incentivos. 

La conclusión: las acciones puestas en marcha para reforzar la cooperación en materia de readmisión fueron pertinentes pero los resultados limitados. La lista de estos diez países la encabeza Afganistán seguido de Marruecos, Pakistán, Irak, Argelia, Nigeria, Túnez, India, Bangladés y Guinea. Ocho de estos países son prioritarios para el Consejo y Comisión. Desde 2010 existe acuerdo de readmisión en vigor con Pakistán mientras que Bruselas ha iniciado negociaciones para la obtención de acuerdos jurídicamente no vinculantes como Afganistán (2016), Bangladés (2016) y Guinea (2017). Sin embargo, la situación está estancada con muchos otros países con los que tienen mandato de negociación desde hace años: Argelia (2002), Marruecos (2003), Túnez (2014) o Nigeria (2016).

Falta de voluntad política

“La voluntad política de los terceros países es esencial para que las negociaciones sean fructíferas. La preferencia de Argelia de cooperar en los retornos y las readmisiones bilateralmente con los Estados miembros y de gestión la inmigración por su cuenta, sin el apoyo de a UE, explica que las negociaciones nunca se hayan iniciado formalmente”, apuntan los auditores. Los vaivenes políticos también han afectado a las conversaciones con Rabat, suspendidas entre 2015 y 2019. “Puede deberse a aspectos de la política nacional que no se pueden abordar fácilmente pero también a la insuficiente de los incentivos de apoyo a las negociaciones por parte de la UE”, esgrimen. 

Otro elemento que complica la negociación de acuerdos es la cláusula sobre nacionales de terceros países que permite el retorno de personas a un tercer país por el que transitaron antes de entrar en la UE. “Se trata de una cláusula estándar en todos los acuerdos de readmisión de la UE celebrados hasta el momento” a la que suelen oponerse los terceros países pero que algunos Estados miembros exigen por “su valor simbólico” y el “temor a sentar un mal precedente”, explica Brincat que reconoce que los convenios informales de readmisión son más flexibles y dejan un mayor margen a la cooperación, aunque sociedad civil y Parlamento Europeo los han criticado por su falta de transparencia y las posibles repercusiones sobre los derechos humanos de los retornados.