Israel es un Estado de apartheid. Así lo llevan denunciando este año organizaciones israelís, palestinas o internacionales, como Human Rights Watch. Este martes se les ha sumado Amnistía Internacional con una extensa investigación iniciada en el 2017. "Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos", declara un informe de casi 300 páginas. A su vez, la organización exige a la comunidad internacional que actúe para que las autoridades israelís rindan cuentas.
"Concluimos que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Un día antes de la publicación del informe 'El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad', Israel pidió que no se publicara y afirmó que las conclusiones eran "falsas, tendenciosas y antisemitas". La dureza de la respuesta israelí contrasta con las réplicas que hizo a los informes previos de HRW o B’Tselem.
Llamamiento a la comunidad internacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, ha descrito en un comunicado a Amnistía como "solo otra organización radical que se hace eco de la propaganda, sin verificar seriamente los hechos". La institución internacional "reproduce las mismas mentiras compartidas por las organizaciones terroristas", ha añadido. Horas antes de conocerse los detalles de la investigación, miembros del Ejército han acudido al campo de Shuafat, en Jerusalén Este, para derribar una casa palestina.
Amnistía pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios palestinos ocupados y en la franja de Gaza. Para argumentarlo, han documentado "las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina" como "elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid". La organización exige a los estados que hagan uso de la jurisdicción universal para evitar la perpetuación de este sistema.
Boicot y presión
"No hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas", ha declarado Callamard. Israel lleva más de medio siglo ocupando Cisjordania y Jerusalén Este, donde durante las últimas semanas han aumentado las demoliciones de hogares palestinos. Los casi tres millones de palestinos que residen en estas zonas viven bajo el régimen militar israelí. Los de la franja de Gaza sufren el asfixiante bloqueo israelí y egipcio. A su vez, los palestinos dentro de Israel son víctimas de una discriminación generalizada en el mercado laboral y de vivienda y del olvido institucional.
Este informe de Amnistía se une a la línea trazada por organizaciones palestinas, israelís e internacionales que llevan décadas documentando y denunciando los abusos sobre el terreno. Además, se le suma la presión ejercida por la campaña de boicot de empresas y artistas, entre otros, que cada vez alcanza a más personas clave fuera de las fronteras de Israel. "El apartheid no tiene cabida en nuestro mundo, y los estados que deciden hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia", ha apuntado la secretaria general.
