Tanto la Comisión Europea como el Consejo siguen poniéndose de perfil frente al escándalo desatado por el programa de espionaje Pegasus. Aunque ambas instituciones europeas comparten la preocupación sobre las escuchas ilegales a activistas, periodistas y políticos europeos y consideran que deben ser aclaradas, también insisten en que es responsabilidad de los Estados miembros investigar las acusaciones y denuncias así como supervisar y controlar a las fuerzas de seguridad para garantizar que se respeta la legislación europea, incluidos los derechos fundamentales.
“La investigación de estos asuntos es responsabilidad de cada Estado miembro. De hecho, la Comisión Europea no se encuentra en situación adecuada para investigar casos específicos” y “espera que las autoridades nacionales examinen en profundidad las acusaciones y restauren la confianza de la ciudadanía”, ha insistido el comisario de presupuesto, Johannes Hahn, ante el pleno del Parlamento Europeo. “Toca a los Estados miembros incoar las investigaciones bajo la responsabilidad de sus tribunales para establecer las ilegalidades perpetradas”, se ha sumado el ministro francés de asuntos europeos, Clement Beaune.
Ambos han comparecido ante el pleno del Parlamento Europeo para responder durante el debate sobre el “uso de Pegasus por los Estados miembros de la UE contra particulares, incluidos eurodiputados, y la violación de derechos fundamentales” promovido por el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. "No se trata de una cuestión puramente nacional. Se ha violado la legislación europea. Se ha espiado ilegalmente a ciudadanos en toda Europa a veces por su propio gobierno y a veces por otro estado. La integridad de la UE está en juego”, les ha respondido a eurodiputada de los Verdes y portavoz de su grupo en la materia, Saskia Bricmont.
El mismo tono ha seguido el popular holandés y presidente de la comisión de investigación de Pegasus, Jeroen Lenaers. "No podemos infravalorar la severidad del escándalo. El uso de estos programas espías contra periodistas, políticos y ciudadanos, supone una experiencia horrible y una amenaza para el Estado de derecho y la democracia. Me frustra el enfoque de la Comisión Europea de rechazar la investigación. Tiene que ver con el estado de derecho no con la seguridad nacional”, ha avisado en sintonía también con la liberal Sophie In’tVeld, sorprendida con la reacción de Bruselas. “Investigar este tema no es opcional, se trata de la rendición de cuentas de la Comisión Europea hacia los ciudadanos europeos y el Parlamento Europeo. Tienen el deber de investigar y aclarar quién más ha sido objeto de ataques. Hay que definir lo que es seguridad nacional. Es el espacio en el que todo es posible y hay que acotarlo”, ha reclamado.
Enfrentamiento español
Aunque son varios los países en el futuro de mira, la discusión ha tenido un marcado acento español dado que se produce en plena crisis de espionaje en España, tras la confirmación por parte del Gobierno de que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de defensa, Margarita Robles, fueron infectados por el programa Pegasus el año pasado, lo mismo que han denunciado más de sesenta independentistas catalanes, incluidos eurodiputados. De ahí la quincena de eurodiputados españoles que han intervenido.
Algunos para denunciar la vulneración de sus propios derechos como es el caso de Diana Riba, Jordi Solé, Carles Puigdemont o Toni Comín. “Muy probablemente hemos sido espiados por los servicios secretos españoles y tengo algunas preguntas. ¿Quién dio la orden? ¿Hubo autorización judicial? ¿Dónde están los datos que me han robado? ¿Para qué los han utilizado? ¿Cuánto dinero publico han dilapidado con el espionaje?”, ha preguntado Solé que ha pedido que no se tolere el espionaje político ni que haya espiados de primera y de segunda. "Europa no puede mirar a otro lado”, ha reclamado Puigdemont.
Otros, como Ciudadanos, para criticar que se debata sin pruebas y se utilice el debate como "campaña de propaganda" de los independentistas, e incluso para defender que una tecnología no es buena o mala sino que depende del propósito del uso y de quién la emplea, como el PP. “Las herramientas de cibervigilancia son fundamentales para proteger a nuestras fuerzas de seguridad. Gracias a este software se han frustrado ataques yihadistas”, ha asegurado el ex ministro de interior Juan Ignacio Zoido, que considera que “a nadie debería sorprenderle que se haya podido hacer escuchas a personas condenadas por el delito de sedición y que ha repetido que lo volverían a hacer”. Por su parte, el socialista Ibán García ha coincidido en que "no hay espiados de primera ni de segunda, sino acusaciones muy graves" y ha avisado de que se necesitan "explicaciones transparentes y pruebas concluyentes", también de la empresa fabricante del software, sobre quienes han sido espiados, cómo, cuándo y quién está detrás.
