No es la primera vez que el Parlamento Europeo llama al orden a Estados Unidos pidiendo garantías de acceso legal y seguro al aborto. Lo hizo hace ocho meses en una resolución adoptada por amplia mayoría, en la que exigía la derogación inmediata de la legislación antiaborto del Estado de Texas, y lo ha vuelto a hacer este jueves, cuando el debate ha vuelto a resurgir al otro lado del Atlántico, en una moción en la que condena los retrocesos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el mundo, incluido Estados Unidos, y reclama respeto para una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 1973 -el caso Roe contra Wade- que otorga protección constitucional al derecho al aborto en todo el país y que podría ser revocada tumbando la protección constitucional y devolviendo la potestad de decir a los estados.
El texto, aprobado por una amplia mayoría de 364 votos a favor, 154 en contra y 37 abstenciones con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda, recuerda que el aborto inseguro es la causa principal, aunque evitable, de muerte y morbilidad materna y que la falta de acceso a servicios de aborto seguros y legales es una cuestión crítica para la salud pública y los derechos humanos. "Prohibir el aborto y, por tanto, obligar a las mujeres a recurrir a abortos inseguros y clandestinos daría lugar a un aumento de la mortalidad", señalan.
De ahí, el respaldo a la sentencia del Supremo estadounidense de 1973 confirmada posteriormente por otras decisiones y la voz de alarma ante la posible regresión que podría suponer. "El presidente (Joe) Biden dijo que si a ese fallo se le diera la vuelta supondría un golpe muy duro a los derechos reproductivos. Las consecuencias serían radicales no solo para Estados Unidos sino a nivel global. Aumentaría el número de abortos peligrosos. Y, según la OMS, casi el 45% de todos los abortos son poco seguros", advirtió durante el debate celebrado por el pleno del Parlamento Europeo el vicepresidente del Ejecutivo, Valdis Domvrovskis.
Protección federal
La moción del Europarlamento no solo alienta a Joe Biden y a la Administración demócrata a redoblar esfuerzos para asegurar acceso al aborto legal y y seguro, despenalizar por completo el aborto, y garantizar la protección "federal, constitucional y estatutaria adecuada". También vuelve a pedir al Gobierno de Texas, bajo mando del Partido Republicano, que derogue de forma inmediata la ley nº 8 del Senado estatal que prohíbe el aborto tras aproximadamente seis semanas de embarazo, sin excepciones en caso de violación o incesto ni en caso de que el estado de salud fetal sea incompatible con la supervivencia sostenida tras el parto.
De hecho, recuerda un considerando, fue el Supremo estadounidense quien permitió que la ley entrara en vigor y Texas eludiera el control judicial de su constitucionalidad permitiendo a los funcionarios públicos abstenerse de hacer cumplir la ley y creando una vía legal para que los ciudadanos, con una recompensa de 10.000 dólares, demandaran a cualquier persona que preste cuidados en un aborto o asista a una persona para abortar contraviniendo la prohibición. Por ello, piden también a otros estados de Estados Unidos con leyes similares que no sigan ese camino y garanticen leyes que se ajusten a derechos humanos protegidos internacionalmente.
Impacto en terceros países
Y no solo por el impacto interno, que afecta de forma desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, también por las consecuencias que la prohibición podría tener en otros países. "La anulación del Supremo podría animar a los movimientos contrarios al aborto a presionar a gobiernos y tribunales de fuera de Estados Unidos a fin de revocar el derecho al aborto y poner en cuestión los importantes logros de las últimas décadas", avisan. Los eurodiputados mencionan, por ejemplo, los países que dependen de la ayuda financiera estadounidense para financiar sus programas de salud pública y que en caso de recortes debería ser compensada por financiación europea.
La resolución también insta a todos los Estados miembros a despenalizar el aborto y combatir los obstáculos que impiden un acceso seguro y legal y reprueba que las mujeres no puedan acceder a servicios de aborto debido a que la práctica habitual en algunos Estados miembros permite a los médicos y, en ocasiones, a instituciones médicas negarse a prestar servicios sanitarios alegando motivos de religión o de conciencia lo que "pone en peligro la vida y los derechos de las mujeres". El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya abogó al inicio de la presidencia francesa de la UE por la inclusión del derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
