El Tribunal Supremo estadounidense bloquea las restricciones para la píldora abortiva mifepristona

Casi un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el verano pasado la protección constitucional del derecho al aborto, devolviendo la regulación a los estados, la guerra por ese derecho sigue abierta en Estados Unidos. Y este viernes los defensores del derecho a la interrupción del embarazo han ganado, aunque sea de forma temporal, una batalla.

El Supremo ha acordado mantener sin restricciones el acceso a la mifepristona, un medicamento que combinado con el misoprostol se emplea en más de la mitad de los abortos en el país, mientras se resuelve en un tribunal inferior un caso planteado por grupos antiabortistas.

La historia del caso

Esos grupos habían demandado a la agencia del medicamento estadounidense (FDA por sus siglas en inglés) por la aprobación en 2000 de la mifepristona, un medicamento que no consideran seguro pese a la falta de evidencias médicas que ratifiquen esa denuncia. Consiguieron que la demanda llegara ante un juez ultraconservador de Texas nombrado por Donald Trump, que hace un par de semanas ordenó bloquear el acceso al medicamento en todo el país.

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Esa decisión fue matizada por un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans. Aunque dos de los tres jueces en esa segunda corte permitieron que el fármaco siguiera en el mercado, impusieron restricciones que habrían afectado a su acceso incluso en estados donde el aborto es legal. Entre otras decisiones, se rebajaba el plazo para tomarlo de diez semanas de gestación hasta siete, se impedía que pudiera recibirse por correo o que fuera recetado por profesionales médicos que no fueran doctores como enfermeras y comadronas y habría forzado a realizar tres visitas médicas antes de conseguir la receta.

La decisión del Supremo

La decisión del Tribunal de Apelaciones fue recurrida ante el Supremo tanto por el gobierno como por Danco, el laboratorio que distribuye la versión más popular de la mifepristona. Y en su orden de este viernes, recogida en un solo párrafo, sin firmar y que no entra en las cuestiones de fondo en el caso (algo habitual en acciones de emergencia como esta), siete de los nueve jueces del Alto Tribunal bloquean las restricciones mientras se resuelven los recursos.

Dos jueces de los cinco conservadores en el Supremo (pero ninguno de los tres nombrados por Trump) se han opuesto a la decisión. Solo uno de ellos, Samuel Alito, ha dado amplias explicaciones de su opinión. En una declaración polémica, ha mostrado escepticismo de que el gobierno hubiera llegado a aplicar la decisión de limitar el acceso a la mifepristona si así lo hubiera decidido el Supremo.

El caso retornará el 17 de mayo al Tribunal de Apelaciones, aunque se espera que recaiga en un panel de jueces distinto al que impuso las restricciones. Una vez que avance allí casi con toda certeza volverá a llegar al Supremo. Y es la última muestra de la nueva fase de la guerra legal sobre el aborto abierta, como la política, tras la derogación el pasado verano de Roe v. Wade.

Enormes repercusiones

Tiene además enormes repercusiones no solo en términos de acceso al aborto, sino para la regulación de medicamentos, pues los demandantes originales de Texas habían puesto en su diana a la FDA.

Es algo que ha destacado el presidente Joe Biden, uno de quienes este viernes ha celebrado la decisión del Supremo paralizando siquiera de momento una orden que, ha dicho en un comunicado, “habría minado el juicio médico de la FDA y habría puesto la salud de las mujeres en riesgo”.

Biden ha prometido que su Administración seguirá defendiendo tanto la aprobación de la mifepristona como “la autoridad experta e independiente de la FDA para revisar, aprobar y regular un amplio abanico de medicamentos”. Además, ha prometido “seguir combatiendo ataques políticamente motivados contra la salud de las mujeres” y ha llamado a “usar el voto como voz y elegir un Congreso que aprueba una ley que restaure las protecciones de Roe v Wade”, la sentencia que derogó el Supremo el pasado verano.

Desde Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva de EEUU, se celebró la decisión del Supremo pero se advirtió de que la salud de las mujeres no debería estar a merced del sistema judicial. "Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia", aseguró en un comunicado la presidenta de la organización, Alexis McGill Johnson.

Erik Baptist, principal abogado de la Alianza para la Defensa de la Libertad, el grupo de letrados conservadores que representa a los demandantes de Texas, se limitó a recordar que el caso se debe resolver aún en los tribunales. "Esperamos una resolución final de este caso que hará a la FDA rendir cuentas", dijo en un comunicado.