Francia
El plan de Francia para combatir los fraudes en las pensiones: fin al pago a jubilados extranjeros ya muertos
Esto se descubrió porque se hizo una experimentación con 1.000 jubilados de la Seguridad Social francesa que supuestamente vivían en Argelia con cerca de 100 años y resultó que 300 correspondían a fraudes
EPE
Este lunes 30 de mayo, el gobierno francés elaboró un plan contra los fraudes a las prestaciones sociales, que se basa en un mayor control de las pensiones que pagan a personas en el extranjero que ya están muertas, pero que no han sido declaradas como tales. Los beneficiarios tendrán que acudir a los consulados franceses o a bancos locales para verificar su identidad y comprobar que siguen vivos.
Fraudes en Francia
Esto se descubrió porque se hizo una experimentación con 1.000 jubilados de la Seguridad Social francesa que supuestamente vivían en Argelia con cerca de 100 años y resultó que 300 correspondían a fraudes. Por lo tanto, Francia paga más de un millón de pensiones a personas que residen en el extranjero, la mitad en otros países europeos y del resto 300.000 están en Argelia. Otra de las causas de la lucha contra los fraudes en el extranjero son las ayudas familiares o de vivienda y otros subsidios sociales a personas que "supuestamente" viven en Francia (siendo la condición para recibirlas) pero que en realidad se encuentran en otros países.
El ministro de Hacienda anunció que un requisito será justificar que se reside como mínimo nueve meses al año en Francia, a diferencia de los seis u ocho que se dice ahora mismo para cobrar esos subsidios y ayudas. En relación los extranjeros en situación irregular que viven en Francia, Attal recordó que debido su estatuto no tienen derecho a cobrar ningún subsidio social. Por esta razón, va a pedir que se crucen los ficheros de la Seguridad Social con los del Ministerio del Interior en caso de que a una persona le caduque el permiso de residencia o se le retira por razones de orden público, deje de recibir aquellos de los que pudiera estar beneficiándose. Según las evaluaciones del Tribunal de Cuentas, el fraude a las prestaciones sociales en este país se encuentra entre 6.000 y 8.000 millones de euros anuales.
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