Italia se resiste y complica el acuerdo sobre la reforma del asilo en la UE

La crisis migratoria vivida en el año 2015, como consecuencia de la guerra en Siria, hizo saltar por los aires la política de asilo y abrió boquete entre los Estados miembros por la negativa de algunos gobiernos a acoger refugiados llegados a las costas del Mediterráneo. La solución planteada cinco años después por Bruselas, tras el fracaso de la asignación obligatoria de cuotas por país, fue una especie de solidaridad "a la carta" con contribuciones flexibles. Tres años después de esta propuesta y tras meses de negociaciones e innumerables compromisos, los ministros de Interior de la Unión Europea intentan cuadrar este jueves el círculo y cerrar un acuerdo político que ayude a enderezar una de las grandes cuestiones pendientes en materia migratoria: como compaginar la solidaridad y la responsabilidad en la reubicación de los refugiados a través de un nuevo mecanismo de reparto.

Sobre la mesa del Consejo de ministros, que se celebra en Luxemburgo, dos de las propuestas de reglamento más espinosas del pacto de asilo e inmigración: el reglamento sobre el sistema de gestión de la migración y el asilo y el reglamento sobre el procedimiento de asilo que determina cómo funcionará la solidaridad obligatoria flexible entre los Estados miembros en caso de presión migratoria o de que un país se vea desbordado por las llegadas de inmigrantes. El último compromiso ofrecido por la presidencia sueca de la UE, que lidera las negociaciones, no ha sido recibido con el apoyo esperado y las negociaciones continúan. "Es un debate delicado, soy consciente pero si no llegamos a un acuerdo vamos a ser más débiles", recordaba a primera hora de la mañana la ministra sueca Maria Malmer.

Aunque han sido muchos los ministros que han reconocido los avances logrados durante la negociación, una decena de países han tomado la palabra a media tarde para mostrar sus dudas y rechazar el compromiso. "El último texto distribuido es insuficiente para nosotros", respondía a media tarde el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, que, al igual que Dinamarca, no está satisfecho todavía con el vínculo entre "tercer país seguro" y el principio de conexión. Berlín quiere restringirlo mientras que Roma quiere ampliarlo para posibilitar la devolución a los países de tránsito y no solo a los de origen.

Diez países se resisten

Además de Italia y Dinamarca también han anunciado, durante un debate público, su intención de abstenerse o votar en contra Lituania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Malta, Austria y Grecia. En total 10 de los 28 Estados miembros todavía se resisten. Los más duros, tal y como se esperaba, han sido Hungría y Polonia. El ministro húngaro, Bence Rétvári, ha calificado la propuesta sobre la mesa de "carta de invitación" a los africanos para que vengan a Europa. "Tenemos que evitar que haya incentivos para los emigrantes ilegales. Estamos invitándolos a venir de manera irregular a la UE", ha criticado. Su colega polaco, Bartosz Grodecki, también ha rechazado dar por aprobada la última oferta de compromiso y ha insistido que deben ser los jefes de estado y de gobierno de la UE quienes tomen una decisión. "Polonia se opone. No puede votar a favor porque las disposiciones no nos satisfacen", ha añadido.

Pese a la fuerte oposición, incluidos varios países del mediterráneo central como Italia, Grecia y Malta, la presidencia sueca de la UE no tira la toalla e intentará cerrar este jueves un acuerdo político que, según ha recordado en el debate inicial el ministro de interior español, Fernando Grande-Marlaska, debería adoptar este jueves "sí o sí". "Hemos aceptado los procedimientos obligatorios en frontera, la solidaridad flexible, unas reglas más duras en materia de responsabilidad en los espacios temporales de la misma. Salvo para dos o tres Estados miembros hay diferencias de matiz que no pueden hacer que no haya acuerdo. Sería un fracaso (y) todo el trabajo de estos años dejará de tener sentido", ha avisado.

Las dos propuestas sobre la mesa otorgan, como ha señalado Grande-Marlaska, más responsabilidades en el examen de solicitudes de asilo a los países de primera entrada mientras que introducen al mismo tiempo un nuevo mecanismo de reparto. La propuesta incluye una solidaridad obligatoria que hará que todos los Estados miembros tendrán que contribuir en la reubicación de refugiados aunque contempla distintos tipos de solidaridad alternativa para los países que no quieran reubicar refugiados. 

Desde una contribución de financiera -de 20.000 euros por refugiado para los países que no acepten recibirlos hasta aportaciones en forma de capacidades, servicios, personal cualificado, instalaciones y equipos técnicos en ámbitos como el registro, la recepción, la gestión de fronteras, el control, la detención y el retorno. La propuesta también contempla un mínimo anual de reubicaciones de 30.000 personas y un plazo de 24 meses durante el cual el país de primera entrada será responsable de los inmigrantes llegados a su territorio. "Estamos cerquísima. No hay excusa para no llegar a un acuerdo hoy", insistía este jueves la presidencia sueca que ha recordado que el Parlamento Europeo adoptó su posición en abril pasado y está a la espera de que el Consejo defina su posición para que puedan empezar las negociaciones interinstitucionales.