Gestión migratoria

La Corte Penal Internacional se enfurece con Italia por liberar a un acusado libio buscado por crímenes de guerra

La detención y posterior puesta en libertad Osama al Najim hace aflorar los peajes del controvertido pacto migratorio entre Italia y Libia

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi / Europa Press/Contacto/Roberto Monaldo

Irene Savio

Irene Savio

La decisión de Italia de dejar escapar al miliciano libio Osama al Najim, buscado por crímenes de lesa humanidad y guerra, ha enfurecido a la Corte Penal Internacional (CPI). En estos términos puede describirse el último durísimo comunicado emitido por el tribunal internacional tras que Italia arrestara y luego liberara a este fugitivo vinculado al Gobierno de Unidad Nacional de Libia, que es el que apoya Italia, de los dos Gobiernos que existen en el país. Es un "deber" de todos los Estados parte del Estatuto de Roma "cooperar plenamente con la Corte en sus investigaciones y procesamientos de crímenes", le ha dicho a Italia el CPI.

Con ello, el tribunal ha pedido explicaciones a Roma por la puesta en libertad de al Najim "sin aviso previo o consulta". Al Najim es "sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, tortura, violación y violencia sexual […] cometidos personalmente por él o llevados a cabo con su apoyo por el grupo radical Fuerzas de Disuasión Especial (Rada) en la prisión de Mitiga". Allí sus víctimas predilectas eran "personas encarceladas por razones religiosas, como cristianos o ateos; por presuntas transgresiones a la ideología de Rada, por ejemplo, la homosexualidad", así como afilados a otros grupos armados, ha explicado el organismo. 

Con este preámbulo, la CPI explicó que decidió emitir el pasado 18 de enero una orden de captura internacional, que fue notificada inmediatamente a seis Estados, entre ellos Italia, y también proporcionó información en tiempo real sobre la posible ubicación. De esta manera el 19 de enero al Najim fue arrestado exitosamente por la policía italiana en Turín. Tras ello, el CPI permaneció en espera del inicio de los trámites para la entrega a la Corte, ofreciendo plena colaboración a Italia y acatando incluso su petición de no hablar con los medios de comunicación. Lo que de poco valió.

Tormenta

Las críticas del CPI no son las únicas que le han llovido al Gobierno italiano. Organizaciones de derechos humanos y la oposición de centroizquierda también han conminado al Ejecutivo de Meloni a explicar urgentemente lo que ha sucedido en el Parlamento, e incluso se ha pedido la renuncia del ministro de Justicia del país, Carlo Nordio. "El Gobierno debe dar explicaciones, y especialmente sobre los prisioneros detenidos en los campos de concentración libios", ha dicho Ilaria Salis, una eurodiputada italiana que el año pasado pasó cinco meses bajo arresto domiciliario en Budapest tras manifestarse en una protesta contra un grupo nazi en la capital húngara.

Otros han tachado al Gobierno italiano de hipócrita por afirmar que lucha contra los traficantes de personas y luego liberar a personajes como al Najim. Uno de ellos ha sido Luca Casarini, jefe de la oenegé de rescate Mediterranea.

Según Casarini, Italia no lo habría entregado al CPI para evitar que éste hable de la complicidad de Roma en los abusos sufridos por los migrantes en Libia, como consecuencias de los pactos migratorios para frenar las salidas desde el país norteafricano. "Si esa gente empieza a hablar, se demostrará que lo que [Italia] hacen es criminal y una violación de los derechos humanos, y que se hace en sostén de las autoridades europeas", dijo Casarini. 

De acuerdo con algunas reconstrucciones, Al Najim llegó a Italia procedente de Francia en un vehículo registrado en Alemania. Acompañado por otros libios, incluso asistió a un partido de fútbol de la Juventus contra el AC Milan, antes de ser finalmente arrestado en un hotel de la ciudad por la DIGOS, el cuerpo antiterrorista italiano que había recibido un aviso de Interpol. Con todo, Andrea Delmastro, subsecretario del Ministerio de Justicia, ha negado estas acusaciones y que la liberación de Najim fuera un favor a Libia.

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