Trump podrá seguir deportando a migrantes de Venezuela con la luz verde del Supremo de EEUU

Donald Trump tiene vía libre para continuar con su plan de deportaciones de venezolanos a El Salvador – de momento. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció en la madrugada del lunes al martes sobre el caso que cuestionaba la legalidad de que Trump se amparara en una ley de tiempos de guerra para llevar a cabo unas deportaciones legalmente muy cuestionadas, dando un revés a la comunidad migrante y a las organizaciones que se han movilizado por sus derechos. La noticia, en cambio, llegó como una bocanada de aire fresco en una Casa Blanca de popularidad inestable, en medio de la guerra arancelaria que empezó la propia Administración, y que mantiene a otros países e inversores en vilo.

Sin embargo, esta luz verde podría ser temporal. Las razones alegadas para permitir que el Ejecutivo continúe con las deportaciones fueron meramente técnicas: el juez apuntó que el recurso de los abogados de los migrantes fue presentado en una corte equivocada, y debía haberse interpuesto en Texas, donde están detenidos, y no en la capital, Washington DC.

El Tribunal Supremo aún no ha abordado si las deportaciones son constitucionales o no. Sin embargo, todos los magistrados coincidieron en que los detenidos deben ser informados con antelación para que tengan tiempo de actuar legalmente antes de ser expulsados. La discrepancia surgió sólo en cuanto a cómo y dónde debe producirse esa revisión judicial.

A pesar de ello, Trump no perdió oportunidad de celebrar la decisión en sus redes sociales: “El tribunal ha ratificado el Estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país”, escribió en su red Truth Social. “¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN AMÉRICA!”, añadió en mayúsculas, como es habitual en sus publicaciones.

Un centenar de migrantes en vilo

El caso afecta a más de 100 venezolanos que la Administración Trump vincula al grupo criminal centroamericano Tren de Aragua, al que acusa de “invasión” e “incursión depredadora” en territorio estadounidense, y de actuar, directa o indirectamente, por orden del Gobierno venezolano. El 14 de marzo, Trump firmó una proclamación que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con el fin de cumplir su promesa electoral de deportar a migrantes de EEUU, parte de su discurso populista que asimila erróneamente migración a delincuencia. Esta ley otorga al presidente la autoridad para detener o deportar a ciudadanos de “naciones enemigas” en tiempos de “guerra declarada” o cuando un gobierno extranjero invade Estados Unidos, una casuística de dudosa aplicación al momento actual.

Además, en el caso de los venezolanos, debido a la imposibilidad de repatriarlos, y siguiendo un acuerdo de externalización de los centros de internamiento de migrantes con El Salvador, los detenidos fueron trasladados a una conocida prisión salvadoreña, famosa por sus denuncias de tortura.

El caso ha adquirido notoriedad judicial desde que el juez federal James E. Boasberg suspendiera temporalmente las deportaciones de venezolanos, decisión que fue ratificada por un tribunal de apelaciones, que argumentó que los migrantes no podían ser privados del debido proceso. Fue entonces cuando la administración Trump apeló y solicitó a la Corte Suprema intervenir, señalando la importancia de decidir quién tiene autoridad en operaciones de seguridad nacional, en un intento de inclinar la balanza hacia aumentar los poderes presidenciales. Los abogados de los migrantes advirtieron que la suspensión era vital para evitar que fueran enviados a El Salvador sin protección legal. El caso sigue su curso en Texas, pero la decisión del Supremo plantea preocupaciones sobre la extralimitación de poderes presidenciales por parte de Trump.