Trump pausa las nuevas entrevistas para visados de estudiante mientras se plantea ampliar la revisión de las redes sociales de los candidatos

Donald Trump ha ordenado a todas sus embajadas y servicios consulares que no organicen nuevas entrevistas de solicitantes de visados para estudiar en Estados Unidos conforme su gobierno se plantea si ampliar el análisis de redes sociales de los potenciales estudiantes.

Ese freno a las entrevistas está registrado en un cable diplomático enviado este martes a embajadas y consulados y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, al que ha tenido acceso la web 'Politico'.

Esa comunicación, luego ratificada por otros medios, dice que "con efecto inmediato, en preparación de una expansión de la revisión y verificación requeridas de redes sociales", los servicios consulares no deben añadir ninguna cita para tramitación de visados F, M y J, que son con los que llegan a EEUU estudiantes o visitantes de intercambio. El cable insta a mantener esa pausa hasta que haya "más directrices" en un cable aparte, que Rubio anticipa que se enviará "en los próximos días".

El cable constata también que esas directrices abordarán el examen expandido de redes sociales para "todos los aplicantes" de visados de estudiante o para trasladarse a EEUU como visitante de intercambio.

Este diario ha pedido a la embajada de EEUU en Madrid y al consulado en Barcelona confirmación del cable e información sobre cómo afectará a las entrevistas que ya habían sido solicitadas y agendadas, aunque según el cable estas no deberían verse alteradas. El consulado ha remitido para cualquier información al Departamento de Estado, que en el momento de escribir estas líneas no había respondido.

Examen exhaustivo de redes

EEUU ya realizaba análisis de redes sociales de sus solicitantes de visados pero lo que ahora estudia la Administración de Trump sería, según 'Politico', una expansión significativa de esos análisis en el caso de los estudiantes.

Se trataría de un examen exhaustivo que iría más allá de otros que el Gobierno del republicano había impuesto con anterioridad. Desde marzo esos análisis iban principalmente dirigidos a estudiantes extranjeros que volvían a EEUU y que habían participado en protestas contra las acciones de Israel en Gaza en los campus estadounidenses.

Concretamente, desde marzo los servicios consulares tenían instrucciones de buscar señales que pudieran representar apoyo de "una organización o actividad terrorista" por parte del solicitante del visado. Según el cable al que entonces tuvo acceso 'The Guardian', el parámetro era tan vago y amplio que incluía incluso mostrar apoyo por la causa de Palestina. Obligaba a los agentes consulares a realizar capturas de pantallas de contenido "potencialmente derogatorio" para incluirlos en los historiales permanentes del solicitado, incluso aunque este borrara luego el contenido de sus redes.

Rubio reconoció la semana pasada en el Congreso que su Departamento ya ha revocado "posiblemente miles de visados" y hacer ahora aún más exhaustivo el examen de la actividad en las redes ralentizará de forma significativa el procesamiento de esos documentos y podría resultar dañino para universidades que dependen de estudiantes extranjeros. Según datos de NAFSA, la Asociación de Educadores Internacionales, hay más de un millón de estudiantes internacionales en EEUU que en el año académico 2023-2024 contribuyeron casi 44.000 millones de dólares a la economía de EEUU y apoyaron 378.000 puestos de trabajo.

Guerra contra universidades y Harvard

La decisión llega conforme la Administración Trump ha recrudecido su guerra contra las universidades y, especialmente, contra Harvard. Tras congelar más de 3.200 millones de dólares en becas y contratos federales, la semana pasada prohibió al prestigioso campus de Massachusetts matricular estudiantes internacionales, que representan cerca del 27% del total.

La universidad ha retado ambas decisiones en los tribunales y en el caso del veto a los estudiantes extranjeros logró la semana pasada que una jueza federal frenara al menos temporalmente al Gobierno, un caso en el que hay otra vista prevista para el jueves. 

Este martes el Gobierno de Trump ha sumado otra medida de asalto a Harvard, instando a las agencias federales a rescindir todos y cualquier contrato que aún mantengan con el centro universitario. Con ese paso pretende cortar definitivamente todo el vínculo federal con el campus.

Económicamente, la medida tendría un impacto de 100 millones de dólares, que no es la factura más elevada en una guerra en la que Trump ya ha congelado los 3.200 millones en becas y contratos públicos para Harvard, dinero que el lunes amenazó con desviar para destinarlo a escuelas de formación profesional.

La orden llegaba en forma de una carta datada este mismo martes que la Administración de Servicios Generales enviaba a las agencias federales que tienen contratos con Harvard, que se calcula que son nueve. La misiva da de plazo hasta el 6 de junio para que envíen una lista con todos los contratos cancelados e insta a las agencias a buscar "vendedores alternativos". Solo en los contratos de servicios que se consideran críticos la cancelación no será inmediata.

Los argumentos

Trump se escuda en la supuesta permisividad en los campus con el antisemitismo para su embestida, aunque también ha puesto en la diana el supuesto sesgo progresista de un mundo académico que dice dominado por pensamiento 'woke' o las políticas y programas de diversidad, igualdad e inclusión.

En el caso de Harvard, Trump dice estar luchando también por los derechos civiles. La carta de este martes de su Gobierno, que acusa al campus de "falta de compromiso con los valores y prioridades nacionales y con la no discriminación" señala a la universidad por supuestamente incumplir una decisión del 2023 del Tribunal Supremo en la que la supermayoría conservadora acabó con la discriminación positiva por raza en los centros de educación superior estadounidenses.

En 2024, tras esa sentencia, el porcentaje de alumnos negros de primer año en el campus de Cambridge cayó del 18% al 14%. En la Facultad de Derecho específicamente solo representaron el 3,4% del alumnado, el nivel más bajo en seis décadas.