El Reino Unido abrirá una investigación nacional sobre las bandas de explotación sexual de menores en Inglaterra

La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, ha anunciado este lunes la creación de una investigación nacional para perseguir a los miembros de bandas organizadas que se han dedicado durante décadas a la explotación sexual de menores en varias ciudades del norte de Inglaterra. La decisión del Gobierno laborista llega tras la publicación de las conclusiones de una auditoría, liderada por la miembro de la Cámara de los Lores Louise Casey, para detectar los errores cometidos por los cuerpos policiales, las administraciones locales y los servicios sociales a la hora de perseguir estos delitos, que afectaron a al menos 1.400 menores entre 1997 y 2013.

"Los resultados de la auditoría son demoledores. Ha identificado un fracaso profundamente arraigado a la hora de tratar a los niños como lo que son; un fracaso continuado para proteger niños y niñas adolescentes de violaciones, explotación y violencia grave, así como de las cicatrices que perduran toda la vida", ha asegurado Cooper en una declaración en la Cámara de los Comunes. La ministra ha destacado las conclusiones que apuntan a que ha habido "demasiada fragmentación" en la respuesta de la autoridades, así como poco intercambio de información, demasiadas negaciones, poca justicia y demasiados criminales saliendo impunes.

La investigación nacional tendrá como principal cometido la supervisión de las investigaciones que ya están en marcha a nivel local, así como garantizar que se aplican las recomendaciones de otras investigaciones que ya se llevaron en marcha en otras ocasiones y que no se han implementado. Por ahora, las autoridades ya han identificado cerca de 800 casos que no fueron investigados correctamente, con el objetivo de revisarlos, identificar a los posibles autores de los delitos y resarcir a las víctimas que siguen pidiendo justicia años más tarde. "Hemos perdido más de una década. Esto debe terminar ahora", ha asegurado Cooper.

Etnicidad de los sospechosos

La ministra ha puesto de relieve la falta de información sobre la etnia de las personas involucradas en estos abusos. Sólo un 37% de los identificados cuentan con información sobre su origen étnico, aunque según la auditoría existe una "sobrerrepresentación" de hombres de origen asiático y, más concretamente, de origen paquistaní. Las investigaciones apuntan a que algunas organizaciones sociales evitaron revelar la nacionalidad de los sospechosos por miedo a ser acusadas de racismo, un silencio que el Gobierno quiere impedir obligando a registrar el origen de todas las personas detenidas por casos de abuso sexual o explotación de menores. 

El escándalo de las bandas de captación volvió a acaparar la atención mediática después de que el multimillonario estadounidense Elon Musk publicara mensajes en su red social el pasado enero acusando al Gobierno laborista de encubrir estos abusos, cometidos durante años. El primer ministro, Keir Starmer, rechazó entonces abrir una investigación a nivel nacional al considerar que ya se habían redactado varios informes detallados sobre estos hechos años atrás, pero las recomendaciones extraídas de la auditoría de Casey han obligado al Ejecutivo a replantearse su posición y a ordenar la apertura de esta nueva investigación.

Protección de las víctimas

Además de la elaboración de este nuevo informe, Cooper también ha anunciado otras medidas para proteger a las víctimas y perseguir a los autores de estos delitos de forma más contundente. Entre estas medidas está la modificación de la ley para que los acusados no puedan recibir condenas reducidas alegando que sus relaciones con menores de 16 años eran consentidas, así como la expulsión del sistema de asilo de todas las personas que cometan algún delito sexual. El Ministerio de Sanidad también reforzará el acceso a servicios de protección de la salud mental en los colegios para detectar posibles casos y acompañar psicológicamente a las víctimas.

Las sospechas de encubrimiento por parte de la policía, las administraciones locales y los servicios sociales han ido en aumento en los últimos años. El último en hacer hincapié en este aspecto ha sido Dominic Cummings, exasesor en el Gobierno de Boris Johnson, quien ha señalado que hubo presiones por parte de altos cargos de la administración pública británica, así como de representantes del Ayuntamiento de Rotherham —una de las localidades afectadas por el escándalo— para evitar que las investigaciones llevadas a cabo en 2011 por el diario 'The Times' siguieran adelante. "Algunos funcionarios querían un encubrimiento total", ha asegurado Cummings a Sky News. Las nuevas medidas buscarán poner luz sobre lo ocurrido y dar a las víctimas la justicia que merecen.