La sociedad israelí exige una comisión estatal de investigación 1.000 días después del ataque de Hamás del 7 de octubre

Israel ruge de dolor por una herida que hace 1.000 días que se abrió y sigue sin cerrarse. La sociedad israelí ha vuelto a salir a las calles para conmemorar a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y reivindicar justicia para ellas. Los diferentes actos convocados para este jueves ponen en el centro la exigencia de las familias de los asesinados y los secuestrados al Gobierno para que cree una comisión estatal de investigación, el órgano de investigación más poderoso del país, que investigue los fallos que permitieron la tragedia. Ante su constante negativa, casi tres años después del ataque, los parientes han exigido la dimisión del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu.

La jornada ha empezado con una serie de protestas a las 6.29 hora local (5.29 hora peninsular española), en el mismo momento que la masacre perpetrada por Hamás y otros grupos palestinos se inició hace 1.000 días. El Consejo de Octubre, un grupo formado por familias en duelo, supervivientes del 7 de octubre y algunos exrehenes, ha organizado una amplia variedad de eventos para conmemorar la ocasión. Más tarde, a las 10.00 horas, se ha guardado un minuto de silencio a nivel nacional como se hace cuando suena la sirena en todo el país a esa hora durante el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en Israel. Una caravana de vehículos ha recorrido los lugares más afectados, empezando por el sitio donde se celebraba el festival Nova, donde hubo cientos de muertos y decenas de secuestrados.

"La presión militar no salvó a los rehenes"

El principal reclamo de las familias afectadas ha sido el establecimiento de una comisión estatal de investigación que permita la depuración de responsabilidades al más alto nivel. Aunque muchos líderes militares han abandonado sus cargos por su parte de responsabilidad en el ataque, Netanyahu sigue en el cargo. Según el Ejecutivo, una comisión estatal estaría sesgada en su contra, porque está designada por la Corte Suprema y este gabinete lleva años intentando limitar los poderes del judicial. Como alternativa, ha intentado formar una comisión designada por el Gobierno, un hecho duramente criticado por los parientes de las víctimas, los supervivientes del 7 de octubre y gran parte de la sociedad israelí en su conjunto.

"A nivel nacional, no vemos ningún cambio en la forma en que se manejan las cosas; no hemos aprendido la lección", ha denunciado el exrehén Omri Miran a la radio Kan. "Los oficiales militares me dicen, ante todo, 'Lo sentimos y nos avergonzamos'. No veo eso en nuestros líderes", ha señalado. Hace unos días, el ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, realizó unas polémicas declaraciones exigiendo que se les debería agradecer la liberación de los rehenes que han provocado la furia de las familias. "La presión militar no salvó a los rehenes, sino que les causó daño, pero el Gobierno siguió adelante sin percatarse de la situación de las personas que estaban allí", ha dicho Esther Buchshtab, madre de Yagev Buchshtab, secuestrado y asesinado en cautiverio.

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