Reporteros Sin Fronteras denuncia que los estados se amparan cada vez más en la seguridad nacional para maniatar a los periodistas

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) , que da cuenta anualmente del estado de salud de la libertad de prensa en el mundo, constata que los estados echan cada vez más mano del argumento de la seguridad nacional para dificultar el trabajo de los periodistas. En los regímenes más autoritarios, los reporteros, con este argumento, acaban perseguidos, encarcelados o condenados al exilio. En las democracias -que no quedan exentas de esta práctica-, vigilados, presionados y, en última instancia, procesados judicialmente.

Bajo el título 'Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo', el informe analiza un amplio abanico de leyes -desde la de seguridad nacional pasando por la de lucha contra el terrorismo, hasta la de espionaje o protección de secretos oficiales- que se han convertido en herramientas para intimidar a los profesionales que buscan información de interés público. Para la directora editorial de RSF, Anne Bocan, "la seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas". Los estados, además, aprenden de otros en estas tácticas, asegura.

En el caso concreto de España, no destaca como un país donde la legislación vinculada a la seguridad nacional alcance su forma más extrema pero el informe de RSF ya destaca tendencias "preocupantes". Por ejemplo, es el caso del incremento de demandas y procedimientos judiciales -incluidas las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas SLAPP- promovidos tanto por políticos como por jueces. Los periodistas, según la organización, pueden vivir esta posibilidad como una coerción y disuadirles, en última instancia, de llevar a cabo su trabajo. Así, en España, el principal riesgo no es la violencia física contra periodistas —de hecho, el indicador de seguridad del país es muy alto—, sino el deterioro del entorno legal, político y económico. Una tendencia que, de hecho, ya quedó reflejada en la caída de España del puesto 23 al 29 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.

Arabia Saudí, Filipinas y China

El trabajo de RSF menciona casos concretos en los países más autoritarios. Es el caso del periodista saudí Turki al-Jasser, ejecutado tras ser procesado por motivos de seguridad nacional; la periodista filipina Frenchie Mae Cumpio, condenada por financiación del terrorismo, o la periodista china Zhang Zhan, encarcelada por su cobertura informativa independiente del inicio de la pandemia de covid en Wuhan.

Aunque la organización insiste en dejar claro que no es un comportamiento de los países con menos libertades.Y menciona algunos casos que se han dado en democracias consolidadas como Francia, donde la periodista francesa Ariane Lavrilleux, ha sido investigada judicialmente tras publicar informaciones sobre una operación de inteligencia entre Francia y Egipto, o las citaciones judiciales emitidas en Estados Unidos contra periodistas de 'The Washington Post' y 'The Wall Street Journal' en una investigación relacionada con filtraciones sobre seguridad nacional.

Los autores del documento hacen hincapié en que el recurso a la seguridad nacional ya no se limita a conflictos armados, sino que también afecta a investigaciones sobre corrupción, medio ambiente, salud pública o crimen organizado, mientras denuncia el uso creciente de la vigilancia digital contra periodistas, incluso en países democráticos.

Entre las remomendaciones apuntadas para paliar esta amenaza, el informe hace referencia a la necesidad de definir de forma precisa qué puede considerarse un asunto de seguridad nacional; reforzar la protección legal del secreto profesional y de las fuentes periodísticas; garantizar que las medidas de vigilancia o las investigaciones contra periodistas estén sometidas a un estricto control judicial y sean proporcionales y evitar que las leyes de seguridad nacional se utilicen para ocultar irregularidades o impedir el escrutinio público.

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