Vivimos en una sociedad de prejuicios, donde en muchas ocasiones, se emiten juicios de valor sin conocer el contexto o la historia que hay detrás de cada persona. Por este motivo, las personas con alguna enfermedad crónica e invalidante se encuentran en situación de desventaja; a los problemas específicos de su enfermedad tienen que añadir también estos prejuicios, lo que dificulta todavía más su día a día, y este es el caso de las personas con una discapacidad.

Las consecuencias de esta estigmatización son amplias y diversas, afectando a la totalidad de las áreas de la persona, no sólo a su salud, también a sus relaciones familiares y a su entorno más cercano. Una de las áreas con más dificultades para este colectivo es la de su incorporación al mundo laboral. Estas dificultades se incrementan mucho más cuando la discapacidad está relacionada con un trastorno mental. Todavía en nuestra sociedad existen muchos prejuicios hacia este colectivo.

El trabajo es el cauce perfecto para desarrollar una vida plena y digna. Las barreras que estas personas se encuentran en esta área dificultan su integración en la sociedad y aumenta, todavía más, el estigma hacia la salud mental.

Deberíamos ser mas conscientes de estas dificultades y trabajar desde edades tempranas (en los colegios) mediante campañas de información para extender el conocimiento sobre la enfermedad mental y normalizar el trato con todos los que la padecen, evitando así cualquier tipo de exclusión.

Aunque las personas con enfermedad mental tienen, al igual que el resto de los ciudadanos, derecho al trabajo y capacidades suficientes para ser útiles y válidas a la sociedad, es una realidad que el desempleo en este colectivo está por encima de cualquier otro.

Todos los profesionales que trabajamos en el ámbito social-sanitario estamos obligados a establecer pautas de trabajo conjuntas y promover prácticas que garanticen sus derechos. Pero esta labor no atañe sólo a los profesionales, toda la población es parte directa en este proceso.

El Convenio sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de 2006 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Es labor de todos conseguir una sociedad mas justa y establecer vías de protección para los mas desfavorecidos, sólo así podremos avanzar como sociedad.