La violencia de género continúa siendo hoy día una realidad que en el medio rural permanece más oculta. Las mujeres tienen mayores dificultades y les cuesta mucho más reconocerse como víctimas y dar el paso de denunciar, ya sea por presión familiar o social. Así se puso de manifiesto en la jornada online organizada por la Diputación de Zaragoza, con el objetivo de prevenir y concienciar sobre esta lacra social y que pudo seguirse por streaming en la web de El Periódico de Aragón.
La Diputación de Zaragoza trabaja para acabar con la violencia de género y fomentar la igualdad a través de diferentes programas y ayudas en el territorio. Este año ha destinado 200.000 euros (un 53% más que en 2020) a 104 ayuntamientos de la provincia, 200.000 euros a entidades sin ánimo de lucro y 150.000 euros en el plan de autoempleo femenino en el medio rural. También desarrolla jornadas y charlas dirigidas a los ciudadanos y actividades en centros educativos para «concienciar a los escolares sobre este problema y asentar las bases hacia una igualdad real», subrayó Pilar Mustieles.
Para la diputada delegada de Igualdad, «la violencia de género representa la manifestación más flagrante de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y entre todos debemos erradicarla». Este encuentro conmemorativo del 25N se sumó a otras jornadas de sensibilización que ha celebrado la institución provincial este año, como las que coincidieron con el Día de la Mujer (8M) o el Día del Orgullo en el medio rural. «Es una responsabilidad de las instituciones dotar de medios y herramientas a los ciudadanos para acabar con esta lacra».
A pesar de que este tipo de delitos suele darse en el ámbito privado se incidió en que cualquier persona que tenga información sobre la comisión de un delito de violencia de género debe ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Es fundamental la colaboración ciudadana sobre todo porque en la mayoría de las situaciones las víctimas de los casos más graves no tienen suficiente fuerza para afrontar una denuncia», admitió Beatriz Berné, comandante jefa de la Policía Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.
La Benemérita cuenta en la provincia con 48 puestos con unidades de seguridad ciudadana, cinco puntos de atención especializada en los equipos de Policía Judicial de los acuartelamientos de Casetas, Caspe, La Almunia, Tarazona y Ejea, y un equipo Emume (Mujer-Menor) en la Comandancia de Zaragoza. Todos sus componentes reciben formación y protocolos de actuación.
Casi el 80% de las mujeres que sufren violencia física, psicológica, económica y sexual en poblaciones inferiores a 2.000 habitantes no denuncian, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. «La denuncia puede ser el principio de la recuperación, pero no es fácil. Están los hijos, la dependencia económica y emocional, la incertidumbre ante un futuro incierto, un cambio de localidad...», indicó Luisa Velasco, ex inspectora de la Policía Local y experta en violencia de género. «El medio rural es un entorno más tradicional, hay menos anonimato y las víctimas están más estigmatizadas», contó.
Como entidad social, Acisjf In Vía apoya a las mujeres en situación de vulnerabilidad y desarrolla proyectos de acogida y orientación e inserción sociolaboral. «El perfil actual son mujeres migrantes, sin trabajo, sin recursos económicos, sin red familiar ni social y víctimas de violencia de género», apuntó María Jesús Soler que, como Yolanda Paúl, es trabajadora social y experta en malos tratos y asistencia a las mujeres. «Nuestros recursos de acogida no son centros de emergencia. Atendemos a mujeres que han agotado el tiempo de estancia en dichos recursos, pero todavía necesitan apoyo. No damos ningún paso sin coordinarnos con las profesionales que las han atendido», añadió. Y en el horizonte aparece un factor clave para las mujeres que intentan rehacer su vida de forma autónoma. «El empleo, más que una fuente de ingresos, es una herramienta de inclusión social y una pieza clave para lograr el empoderamiento económico y personal», dijo Paúl.
Desde el ámbito jurídico, Amaya Betoré, experta en la asistencia a víctimas y letrada del Colegio de Abogados de Zaragoza, habló de los recursos que tenían a su alcance en los años 90 las víctimas y letrados y la evolución hasta el día de hoy. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón marcaron «un antes y un después», ya que se adoptaron medidas específicas para combatir el problema y apoyar a la víctima de forma transversal, dotando de medios y recursos en el mundo rural.
