Previo a la celebración del Congreso de Despoblación de Albacete, esta misma localidad abordó una sesión de trabajo de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP, presidida por el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, en la que «se acordó la creación de un grupo de trabajo dentro de la FEMP junto a la comisión de Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos, para abordar el importante trabajo realizado por funcionarios de la administración local de todo el país y que ha posibilitado alcanzar un consenso para establecer las bases para el Estatuto del Pequeño Municipio».
El objetivo es realizar una valoración política de este trabajo así como del coste económico que la implantación y desarrollo del Estatuto tendrá sobre la administración local y, en especial, como dijo Miguel Gracia, «en cómo repercutirá sobre las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, conscientes de que ante la falta de recursos técnicos, humanos y económicos de los ayuntamientos más pequeños, el coste recaerá más sobre estas administraciones».
ACCESO A FONDOS EUROPEOS
De igual forma, se considera que es necesario seguir incidiendo en la simplificación de la gestión administrativa de los fondos europeos y concretamente en el eje denominado de cohesión territorial. «Hay unanimidad en la comisión de despoblación a la hora de analizar que gran parte de los fondos que están destinados a los pequeños municipios no acaban de llegar y repercutir sobre la gente del territorio porque gran parte de ellos pasan por las comunidades autónomas, aumentando tiempos y tramitaciones administrativas», apostilló Miguel Gracia.
«Es necesario llegar también con estos fondos a otros ámbitos, más allá de los actuales. Cuestiones tan importantes como la movilidad en el medio rural se deberían reforzar y tener en cuenta como una prioridad ya que inciden directamente en mantener a la gente en el territorio y por tanto ejercer esa función de sostenibilidad que necesita también de la presencia humana», añadió.
Los representantes reunidos en el Teatro Circo de Albacete, en la parte de conclusiones insistieron en remarcar la importancia «de que se escuche a los habitantes del medio rural a la hora de elaborar legislaciones y normativas».
Asimismo, señalaron que esa legislación y normativa debe tener en cuenta el elemento de ruralidad, al igual que hoy toda legislación lleva implícita la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental. «No se puede legislar igual para una gran capital que para un territorio, no se puede legislar igual para quienes vivimos en zonas tan diferenciadas», afirmó Miguel Gracia.
