Todos los partidos aragoneses están de acuerdo en remitir el caso Euroresiduos a la Fiscalía General del Estado para que estudie e investigue los indicios de "posibles responsabilidades penales". Así se recoge en el dictamen que aprobó ayer por unanimidad la comisión parlamentaria de investigación, que tras un mes de comparecencias y estudio de informes ha llegado a la conclusión de que existen "hechos anómalos destacables" en el permiso concedido por la DGA a Euroresiduos para importar basura tóxica a su vertedero de Torrecilla de Valmadrid.
Aunque los diputados pretenden que la Fiscalía investigue si hubo delito, no aclaran en el escrito cuáles son las circunstancias que les llevan a sospechar y difieren sobre lo que significa la calificación de "hechos anómalos". En este sentido, algunos partidos --como CHA-- consideran que hubo trato de favor en la concesión del permiso, mientras que para otros --como el PAR-- sólo hubo "proclividad" en algunos informes, como ya apuntó la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno regional.
Esta autorización, que a juicio de los grupos podría ser anulable, está directamente relacionada con la posterior venta de la firma a FCC por 24 millones de euros, lo que generó unas abultadas plusvalías. El dictamen será aprobado el próximo lunes en un pleno extraordinario, en el que CHA e IU defenderán sendos votos particulares.
SALVAR DIFERENCIAS Pese a que los cincos diputados que integran la comisión no pudieron llegar a un acuerdo de conclusiones el lunes por las serias discrepancias que mantenían, ayer los partidos que sustentan al Gobierno regional, PSOE y PAR, incluso estaban de acuerdo en enviar el expediente al ministerio fiscal. Eso sí, la oposición ha tenido que ceder, puesto que CHA e IU eran partidarios de remitir el caso directamente a Anticorrupción y de incluir referencias a tráfico de influencias, trato de favor e información privilegiada. Por su parte, PSOE y PAR, que defendían llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aceptaron que sea la Fiscalía del Estado la que dirima el órgano competente, tal y como llegó a recomendar ayer el letrado de las Cortes.
Todos los partidos también están de acuerdo en instar a la DGA a revocar la autorización para importar residuos tóxicos y peligrosos. Para ello, solicitan que se inicie una "revisión de oficio" al estimarse que puede haber existido "circunstancias" para su anulabilidad, aunque tampoco se apuntan. Asimismo, piden que se resuelva "en tiempo y forma" los recursos presentados.
CLARIFICAR EL REGLAMENTO El dictamen también plantea la necesidad de revisar el plan de residuos peligrosos de Aragón, al haberse "constatado" que existen "imprecisiones y contradicciones importantes" tanto de contenido como de interpretación sobre la importación de basura.
Esta revisión serviría para "clarificar" y, según los diputados, se deberá convocar una comisión de Medio Ambiente en las Cortes para recoger las aportaciones de los sectores implicados y lograr así el mayor consenso posible.
Los diputados también consideran que la DGA ha asumido "responsabilidades políticas" por el caso Euroresiduos tras la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, y el posterior cese del director general de Calidad Ambiental, Jesús Villacampa.
Por su parte, CHA e IU presentaron sendos votos particulares en los que reclaman la creación de una empresa pública para la gestión de los residuos y la revisión del plan de residuos con una mención expresa a la prohibición de importar basura tóxica para su eliminación, entre otras peticiones.
