Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalaron que los posibles delitos que afectarían al caso serían prevaricación, cohecho --si se demuestra que hubo pagos--, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Estos delitos se incluyen en las competencias delimitadas por la ley 10/95 de creación de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, será la Fiscalía General del Estado quien una vez estudiado el expediente decida la competencia de la investigacióne entre la fiscalía especial o la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.