Para ser policía local o auxiliar en la localidad turolense de Alcorisa no se necesitaban grandes conocimientos en Derecho Penal ni tan siquiera estar en buena forma física. Según la convocatoria publicada el año pasado por el ayuntamiento, los requisitos eran "hablar francés y tener menos de 55 años". No era necesario superar ninguna prueba física y ni siquiera se exigía carné de conducir a los candidatos. Tampoco se explicaba para qué querían allí que el funcionario hablara francés.

Claro que tampoco está muy claro para qué necesitan el permiso de conducir los policías de algunas localidades aragonesas, como en la oscense de Graus, que sólo cuenta en su plantilla municipal con un agente (auxiliar), que debe atender a pedanías que distan 40 kilómetros de la localidad y que ni siquiera cuenta con un ciclomotor para trasladarse.

Es cierto que la abundancia de medios para la Policía Local no se produce en ninguna ciudad o pueblo, ni siquiera en Zaragoza. En la capital aragonesa aún funcionan coches que no pasarían la ITV y los sindicatos se quejan de que no se les proporciona los medios más modernos para desarrollar su labor, como sprays de defensa o porras extensibles que facilitarían el trabajo. No obstante, Zaragoza es un paraíso en relación al resto del territorio.

La precariedad de medios no es siempre una cuestión de dinero. Sirva el ejemplo del Ayuntamiento de Jaca, que mantiene congelada su plantilla de 29 miembros mientras dedica un presupuesto anual de 78.000 euros (13 millones de pesetas) para pagar a un vigilante jurado, más de lo que percibe el subinspector jefe.

La precariedad laboral alcanza una situación que roza el esperpento en Alcañiz, donde hay una plantilla de Policía Local con 22 miembros, cinco de los cuales son interinos. El problema de las armas es otro cantar. En localidades de la proyección de Barbastro, Alagón y Tamarite, los policías se enfrentan a los posibles delincuentes a cuerpo galante .

Según fuentes de CSL-CIPOL, "esta situación no provocaba problemas hace algunos años, pero la actividad delictiva se ha extendido ahora al medio rural. En muchos polígonos industriales actúan peligrosas bandas organizadas de delincuentes kosovares, como en Barbastro; en La Almunia ha habido tiroteos; y tampoco son raros los atracos a bancos o a joyerías, como ocurrió en Mallén. Los policías locales no llevamos arma por gusto". Estas mismas fuentes explican que la DGA ha aportado ayudas para mejorar las situaciones de precariedad en algunas localidades, que siempre son escasas. "No obstante, también había que realizar un seguimiento de estas subvenciones. Hay una localidad donde se enviaron ayudas para modernizar el servicio con la adquisición de coches y ordenadores que, posteriormente, se han utilizado para distintos servicios municipales", dicen.

El sindicato no cree que, con la nueva ley, se vaya a producir una fuga masiva de los agentes de los pueblos. Según una encuesta que efectuaron entre 300 funcionarios, sólo 30 manifestaron sus deseos de cambiar de localidad.

"Lo que ocurre es que algunos alcaldes creen que sus policías son los chicos de los recados y los perjudicados no quieren seguir así", dice un dirigente sindical.