Con la futura ley aragonesa de Juventud en la mano, la DGA podrá ejercer una labor inspectora e imponer sanciones a aquellos centros de ocio, vacaciones y tiempo libre que no se ajusten a la normativa sanitaria o de seguridad, entre otras. La multa mínima será de 300 euros, mientras que las faltas muy graves pueden suponer un castigo de hasta 100.000 euros.

Esta es una de las novedades que contiene el proyecto de ley que comenzará a debatirse en las próximas semanas en las Cortes de Aragón y que según las previsiones de la directora del Instituto Aragonés de Juventud, Ana María Sanz, puede estar aprobado a final de año.

Sanz señaló a este periódico que el borrador se ha concebido "más como una declaración de principios básica, porque queremos desarrollarla de forma concreta a través de decretos". Adelantándose a la aprobación, el instituto ultima ya tres de ellos: el relacionado con la gestión del tiempo libre, el que regula el sistema de información a los jóvenes y el que determinará las condiciones y el funcionamiento de los albergues juveniles, que deberán cumplir unos requisitos mínimos para integrarse en la red oficial.

OBSERVATORIO A partir del nuevo texto legal se creará también el observatorio aragonés de la juventud, que aportará "datos para definir la política en este terreno". Y se centrará la distribución de competencias entre los municipios y la reciente estructura de las comarcas.

Además de la publicación de los tres decretos citados, la ley servirá para establecer "cinco horas de programación específica de temas relacionados con la juventud en la radio y televisión aragonesas. Tenemos mucho interés --apuntó Sanz-- en estudiar cómo se pueden incluir en la programación".

El instituto contará también con un presupuesto mínimo por ley, con un porcentaje que deberá aumentar cada año.

A pesar de que el proyecto de ley alude a temas como el acceso al empleo y a la vivienda, Ana María Sanz precisó que el texto se centra, ante todo, "en las competencias reales, que son el tiempo libre y poco más. Sí tenemos la responsabilidad de coordinar a otros departamentos y de cumplir el Plan Joven, que es el que aplica en la práctica las políticas del juventud". Este plan, recordó, dispone de un presupuesto de 191 millones de euros, repartidos en un total de 300 acciones.

VIGILANCIA En cuanto a la capacidad inspectora y sancionadora de la DGA que traerá consigo la ley, la directora del instituto explicó que cada año se notifican al Gobierno aragonés en torno a 600 actividades relacionadas como el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, como campamentos, colonias, apertura de albergues o centro de día con distintas ofertas.

Todos ellos estarán sometidos a una mayor vigilancia y se expondrán a importantes sanciones en caso de no reunir los requisitos de salubridad, seguridad o servicios.

Las sanciones leves irán de 300 a 3.000 euros; las graves tendrán una multa de 3.000 a 30.000, y las muy graves, de 30.000 a 100.000 euros.

Sin embargo, asegura Ana Sanz, el tema de las infracciones no se ha regulado porque la situación sea mala. "En Aragón --aseguró-- gozamos de buena salud en las actividades de tiempo libre".