Alrededor de 40.000 aragoneses y algo más de un millón de españoles dependientes así como sus familiares y cuidadores llevaban años esperando un derecho: que las personas que no pueden valerse por sí mismas puedan ser atendidas por el Estado. Un derecho ciudadano que la semana pasada tomó forma y cuerpo en el Congreso al aprobarse una de las leyes de mayor relevancia social de las últimas décadas como es la Ley de Dependencia y que comenzará a materializarse dentro de un mes con la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia en Aragón, el organismo que se encargará de aplicar la norma.

Las esperanzas y las posibilidades que, en principio, apunta son diversas y parecen cubrir con las expectativas de aquellos que viven en primera persona los efectos de la dependencia. No obstante, son muchas las lagunas y dudas que surgen respecto a su aplicación real --quedan por definir desde criterios de baremación hasta lo que deberá pagar cada usuario--.

Por el momento, esta ley no entrará en vigor hasta el próximo uno de enero, para atender de forma progresiva los tres grados de dependencia: grado III, de gran dependencia, de los que en Aragón hay 19.742 personas; grado II o dependencia severa, 13.641; y grado I dependencia moderada, con 7.249. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que llega esta ley, comenzará por los casos de mayor gravedad, (a lo largo del 2007) y las previsiones ya especifican que la dependencia severa se abordará entre el 2108 y el 2011 y la moderada hasta el 2015.

La nueva normativa permite principalmente a cada afectado exigir al Estado que atienda su derecho a recibir una serie de prestaciones sociales, que en caso contrario podría reclamar ante los tribunales. El objetivo es dar respuesta a las necesidades concretas, potenciando al máximo el servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio, creando mayor número de centros de día y de noche así como de estancias en residencias. O incluso ayudas económicas. Otra de las novedades es la aparición de figuras profesionales, como el asistente personal, que permitiría la autonomía de las personas con gran dependencia.

La ley también establece como excepción --cuando no sea posible el acceso a un servicio de atención-- que el dependiente sea atendido por un cuidador familiar, que tras darse de alta en la Seguridad Social, cobraría un salario.

"El cuidado ha dejado de ser algo exclusivo de las familias y pasa a ser responsabilidad de las Administraciones públicas", subraya Teresa Perales, directora general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón. "Por fin, en política social nos vamos a equiparar a otros países europeos. Durante años en España se han silenciado situaciones dramáticas, durísimas. Con esta ley, vamos a intentar poner soluciones. Al menos, la ilusión con la que estamos trabajando en Aragón es tremenda. Estamos absolutamente volcados. Afortunadamente no soy una persona en dependencia, pero puedo dar fe de lo duro que es", explica.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. De entrada, hasta que la ley no se apruebe en el Senado, en el plazo de un mes, no se constituirá el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. Este organismo es el que debe definir las cuestiones para la regulación de la ley: desde los criterios de baremación, las cuantías a percibir en cada caso, los servicios a recibir y el copago, en función de la renta y patrimonio del usuario.