El Departamento de Servicios Sociales y Familia que dirige el aragonesista Miguel Ferrer tiene previsto crear el año que viene "una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima como instrumento de gestión ágil y eficaz" para la tasación de los niveles de dependencia de los aragoneses, según recoge el proyecto de Presupuestos de la DGA para el 2007, que el consejero expondrá mañana ante la Comisión de Economía de las Cortes.

"Dada la previsión de creación de una empresa pública --indica el documento--, se ha estimado oportuno incluir también una partida presupuestaria para efectuar transferencias corrientes a la citada entidad". Esa partida, de 175.000 euros y registrada bajo el epígrafe Adquisición de acciones y participaciones del sector público, garantiza la existencia de una vía administrativa para dirigir fondos a la nueva firma. El capítulo de Transferencias Corrientes incluye una partida de la misma cuantía destinada "a empresas públicas y otros entes".

Ferrer explicó que la inclusión de la partida en el proyecto de presupuestos de la DGA tiene carácter de previsión, a la espera de las modifiaciones que el proyecto de Ley de Dependencia pueda sufrir durante su tramitación en el Congreso. "Falta conocer cómo se aplicará. El proyecto contempla que la valoración del grado de dependencia de las personas debe efectuarse desde el sector público", dijo Ferrer, que añadió que "hemos optado por abrir la partida en previsión de que sea necesaria la creación de la empresa".

El consejero señaló que la valoración del grado de dependencia de los aragoneses con discapacidades requerirá "mucha gente en el primer momento y luego menos", ya que la demanda de técnicos decrecerá conforme vayan siendo catalogados los afectados. "La fórmula está por determinar, pero todas las comunidades autónomas nos inclinamos por crear organismos dependientes de la Administración y prestar el servicio, pero no mediante funcionarios", apuntó.

Una parte de los trabajadores de la empresa, que estará bajo el control de la Dirección General de Dependencia, deberán desplazarse por la comunidad, ya que muchas de las valoraciones deberán efectuarse en los domicilios de los afectados al encontrarse estos imposibilitados para desplazarse hasta los centros que puedan habilitarse con ese fin.

PLAN DE TRABAJO Por otro lado, el tomo que el proyecto de Presupuestos de la DGA para el 2007 dedica al Departamento de Servicios Sociales señala como objetivos algunos que los anteriores responsables de la consejería habían señalado como tales en años anteriores. Entre otros, la elaboración del Plan Director de Servicios Sociales de Aragón, "como instrumento básico de dirección y organización del sistema", o la redacción del Plan Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que debería servir para determinar la "planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones en esta materia".

Otra de las líneas de trabajo será "afianzar la colaboración con entidades sin ánimo de lucro especializadas en el sector de los servicios sociales, que puedan apoyar con su experiencia las tareas de planificación".

Y, de nuevo, "elaborar un proyecto de Ley de Servicios Sociales en Aragón y de Regulación de la Actividad de Centro y Servicios Sociales". La ley actual tiene ya casi veinte años de antigüedad, y la nueva, señala el documento, debería estra adaptada a la Ley de Dependencia.