En ocasiones, las manifestaciones han servido para hacerse oír y han transmitido un mensaje optimista: cuando las administraciones no hacen caso, reivindicar en la calle de forma pacífica da resultado. Si el clamor popular no se hubiera hecho oír de forma reiterada, con toda seguridad hoy habría trasvase del Ebro al Levante, Aragón estaría todavía mucho más militarizada y sería una región pobre subyugada a la voluntad centralista, o Teruel seguiría siendo la olvidada por antonomasia. Sin embargo, todavía quedan cuestiones pendientes, y por eso estas --como el Canfranc-- siguen estando de plena actualidad.

La primera ocasión en la que la respuesta ciudadana tuvo éxito se remonta a finales de los años 70. En plena transición, la posible construcción de una central nuclear en Chalamera sirvió para la creación de Coacinca, un colectivo ciudadano que logró parar esa instalación, tras oponerse duramente en manifestaciones en Chalamera, Fraga o Huesca. La autonomía plena, pedida masivamente en 1978, pero también en 1976, 1992 o 1995, sirvió para que Aragón reformara su Estatuto (aunque partidos como CiU o PNV nieguen sistemáticamente a Aragón su voz autonomista, como hicieron en el reciente debate para la tramitación estatutaria en el Congreso).

Las cadenas humanas contra la base americana acabaron desapareciendo porque desapareció la instalación. El próximo 4 de noviembre se volverá a salir a la calle contra la posible sede de la OTAN en Zaragoza. También en la capital aragonesa se gestó un activo grupo antimilitarista y de objeción de conciencia que contribuyó al fin del servicio militar. La línea de alta tensión Aragón-Cazaril quedó en agua de borrajas. Y hubo mucho ruido para que no se hiciera.

Sin Teruel Existe, habría sido casi imposible que el Gobierno de Zapatero se hubiera comprometido a crear un Plan Especial que dotara de fondos complementarios a una provincia tradicionalmente olvidada. Incluso se puede volver a estudiar el paso del AVE por Teruel. Y el paradigma, es el trasvase. Miles de voces lograron que el actual Gobierno derogara este punto del Plan Hidrológico Nacional, tras comprobar el rechazo generalizado que suscitaba.