La Abogacía del Estado ha reconocido, en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que el minitrasvase de emergencia de agua del Noguera Ribagorzana a la zona oscense del Canal de Aragón y Cataluña para paliar la escasez de recursos del Ésera "no fue autorizado por decreto del Consejo de Ministros, pues, pese a haber dido solicitado por la Comunidad General de Regantes". El documento indica que "el decreto que contempla el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas no llegó a dictarse en lo que se refiere a esta actuación concreta".

Los industriales que explotan las centrales hidroeléctricas del Canal de Piñana (Lérida) han abierto varios frentes judiciales contra la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio de Medio Ambiente al entender que la puesta en marcha del retrobombeo les provocaba un perjuicio al reducir su disponibilidad de caudales. Sostienen que el Gobierno solo autorizó la ejecución de las obras del bombeo pero omitió la autorización especial que la Ley de Aguas obliga a adoptar para modificar las concesiones de caudales.

El Abogado del Estado ha reconocido la falta del decreto, aunque mantiene que no es necesario porque no alteraba "los derechos concesionales de Piñana" y bastaba con "la autorización ministerial de las obras de emergencia solicitadas y acordadas". Estas, añade, "constituían título suficiente para legitimar la disposición de unos caudales a los que ya tenía derecho" el Canal de Aragón y Cataluña.

No obstante, en otro documento remitido a los tribunales, la CHE señala que este sistema de regadío "no tiene título inscrito en el Registro de Aguas de la cuenca del Ebro". Es decir, que carece de concesión de caudales del Ribagorzana. Sin embargo, añade que ese documento no sería necesario al tratarse de "uno de los grandes sistemas de riego que la Administración General del Estado explota directamnete".