La DGA considera que la nueva Ley del Suelo por sí sola no pondrá fin a la inercia de especular con el precio de los terrenos, pero está convencida de que contribuirá a "clarificar" la situación y a aumentar el rigor medio ambiental de las promociones. Los mecanismos de gestión contemplados en la futura Ley de Urbanismo de Aragón (LUA), que no se tramitará hasta la siguiente legislatura, contribuirán a acotar los planeamientos urbanísticos desenfrenados.

El texto legal que tramita el Gobierno central pretende recuperar la cultura del planeamiento urbanístico y evitar pelotazos provocados por la especulación con el precio de los terrenos. La norma, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados, solo diferencia entre suelo rural y urbanizado para que las propiedades se valoren en función de sus usos actuales y no de sus expectativas.

Para facilitar estos objetivos, la LUA que impulsa la DGA tiene un marcado carácter intervencionista con respecto a la independencia municipal. Una intencionalidad que ya ha ejecutado el Departamento de Obras Públicas de la DGA sin necesidad de contar con la nueva norma. El director general de Urbanismo, Julio Tejedor, ha echado atrás en los últimos meses decenas de planes generales de los municipios del entorno de Zaragoza en los que se preveían miles de nuevas viviendas. En su mayoría, se trataba de crecimientos urbanísticos desordenados que ha descartado con "energía".

Tejedor no habla de "intervencionismo" normativo, sino de planificación con un horizonte temporal y de "imponer la racionalidad y la gestión a la vida pública" porque la ley del 98 ha provocado que se especule "brutalmente" con los suelos. "La gente tiene que saber cuando firma una hipoteca que el 60% de lo que paga se lo debe al suelo y al ladrillo y que solo el 40% restante corresponde a los costes de la construcción", sentenció.

El nuevo texto legal en debate parlamentario nacional hace hincapié en cuestiones medioambientales y vincula incluso la aprobación de un determinado planeamiento a que la Administración hidráulica correspondiente emita un informe vinculante. "Si no hay agua, no hay plan", explica Tejedor con rotundidad. "Es lógico", añade.

Para el director general de Urbanismo, el problema no es que los promotores prometan residencias, piscinas o campos de golf a los alcaldes que ofrecen suelo como forma de obtener beneficios para sus municipios, sino mantenerlos en el tiempo. Por ello, desde hace un año y medio aplica una política enérgica de control del urbanismo.

Aunque la "presión" es mucha, es partidario de un trabajo "sereno" y "de puertas adentro". Tejedor reconoce que si no se hubiera intervenido y aplicado planteamientos rigurosos "podríamos haber hablado de que Aragón se estaba marbellizando, pero esto no ha sucedido".

La nueva Ley del Suelo acota las cesiones que los promotores deben dar a las administraciones entre un 5% y un 15%, que con algunas excepciones puede llegar al 20% y fija el mínimo de VPO en el 25% --en Aragón ya está en el 40%-- del total de la edificación. Sin embargo, no aclara el futuro de los suelos urbanizables en distinto grado de tramitación.

Algunos cooperativistas aragoneses aseguran que este texto distorsionará el precio de las viviendas y colectivos ecologistas que no pondrá fin a la corrupción. Los sindicatos (UGT y CCOO) valoran positivamente el texto y desde la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias se confía en que sirva para poner orden a la planificación urbanística. Tanto el PP como CHA han criticado el excesivo carácter intervencionista de la norma de Trujillo.