Los promotores zaragozanos solicitan al Gobierno de Aragón una nueva subida del precio de venta de las viviendas de protección oficial (VPO). Consideran "urgente" equiparar estas tarifas a las que se exigen a los compradores en comunidades autónomas limítrofes como Cataluña, Navarra o Valencia. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Zaragoza, José Luis Roca, se mostró convencido de llegar a un acuerdo con la DGA en el 2007. Sin embargo, en los despachos del Pignatelli no se quiere ni oír hablar de ello y, mucho menos, en año electoral y con la tramitación de la Ley del Suelo en marcha.

Los promotores no consideran que la nueva norma suponga grandes cambios en las plusvalías que reciben puesto que establece que, como mínimo, el 25% de las edificaciones serán pisos sociales, un premisa que en Aragón está fijada desde hace años en el 40%. A pesar de ello, consideran que los precios en Aragón son excesivamente bajos.

"Solo por la vía del suelo barato se pueden lograr grandes promociones de VPO como Valdespartera, pero hay que buscar un sustituto con rapidez", explicó José Luis Roca, quien afirma que los constructores se sienten "cómodos" con la construcción de pisos sociales. En los dos últimos años, en Zaragoza capital se han concedido licencias para más de 8.000 viviendas, una cifra nada desdeñable gracias a Valdespartera.

Según fuentes de Urbanismo, Zaragoza tiene en estos momentos 53.000 viviendas en distintas fases de planeamiento. Los constructores demandan que se agilicen los trámites administrativos porque para movilizar las ventas de pisos la mejor receta es que el ciudadano "perciba que se hacen viviendas. No sirven los papeles". Roca manifestó que en la capital aragonesa las ventas de pisos se han normalizado en el 2006 porque los últimos años han sido "excepcionales". Ahora, en un periodo de dos años se vende una promoción. Hace solo unos meses, una promoción completa se vendía incluso antes de tener los pisos construidos.

CATEGORÍAS Los promotores se sienten especialmente preocupados con las nuevas tasaciones fijadas en el proyecto de Ley del Suelo. La propuesta de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, solo diferencia entre suelo urbanizado y suelo rural, por ejemplo, un campo de alfalfa. Ahora se distingue entre suelo no urbano, urbano y urbanizable.

Roca indicó que tanto la entidades financieras como los promotores inmobiliarios temen una "caída brutal" en las ganancias porque consideran que no todos los suelos urbanizados se expropiarán. "No hay que olvidar que si bajan las tasaciones bajarán también las financiaciones de las hipotecas", advirtió.

Aseguran estar de acuerdo en otras cuestiones del texto legal, ya contemplados también en la Ley Urbanística de Aragón que tramita el parlamento autonómico, como la consagración de la figura del agente urbanizado o la reserva de suelo para VPO. Otra de las cuestiones que genera cierto recelo entre el colectivo inmobiliario es la posibilidad de aumentar las cesiones a las administraciones hasta el 20% en determinados casos.

Los promotores zaragozanos prefieren mostrarse "cautelosos" con los anuncios de la ministra de modificar algunos puntos polémicos de la ley y prefieren esperar a conocer el texto definitivo para pronunciarse sobre ellos.