La casita de madera en una parcela de barrio rural tiene un recargo municipal de 15.000 euros Y a veces, al final, hay que demolerla. Todos los órdenes del día de la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza vienen cargados de advertencias, cuando no de multas en firme, para los ciudadanos que siguen cerrando galerías, reformando pisos o edificando al margen de las normas municipales.
El consistorio se ha tomado muy en serio la disciplina urbanística y el servicio que lleva este nombre ha redoblado su trabajo, de forma que con denuncias vecinales de por medio o on avisos de oficio, las obras que emprenden los particulares a la brava acaban costando caras. Además, para desgracia de los infractores, Hacienda pone mayor empeño en cobrarlas.
Este mes, las sesiones de la Gerencia han mostrado un variado abanico de lo que le puede caer a cualquiera que se meta a mover un ladrillo o colocar un aire acondicionado sin permiso. Las casas de madera o de materiales prefabricados, que ganan adeptos por su precio asequible, están saliendo como mínimo por unos 15.000 euros de multa. Es el caso de una de 45 metros cuadrados instalada en Peñaflor: el consejo del del pasado 19 de diciembre acordó imponer esta sanción a su propietario. Lo mismo que tendrá que pagar el responsable de otra similar construida en una parcela de Montañana.
En Juslibol, sin embargo, la caseta de ladrillo le va a costar a una vecina 6.000 euros, y en Monzalbarba otro propietario deberá abonar 18.000 por la solera de hormigón, caseta y vallados realizados contra tres artículos del Plan General.
Los barrios rurales son los que soportan los pellizcos sancionadores de mayor envergadura, porque hay espacio para levantar viviendas que según la normativa son ilegales. Pero en la ciudad también caen chuzos de punta en lo que se refiere a multas. En la Gerencia del 12 de diciembre a una comunidad de la calle Mónaco le tocaron 6.000 euros por vallar un porche de uso público. Y en la calle Ruiz Tapiador, otro ejemplo, una propietaria deberá abonar otros 6.000 por colocar un tejadillo en el patio de luces. Y si el ciudadano se lanza a por una vivienda en condiciones, la penalización sube a los 21.000 o 30.000 euros.
