El proceso para el fin del terrorismo ha estado lleno de altibajos y contradicciones desde su inicio. La declaración del alto el fuego permanente declarado por ETA el 22 de marzo pasado no ha impedido a la organización terrorista reabastecerse de dinero y munición y aprovechar el tiempo para reorganizarse. Para el Gobierno, las conversaciones de sus delegados con representantes de la banda tampoco han evitado que la policía continuase deteniendo activistas. Ni que la Audiencia Nacional siguiera juzgando y condenando reos. Ni que París extraditase fugitivos veteranos.

Cuando ETA anunció el alto el fuego, hacía casi tres años que sus atentados no habían causado ninguna víctima mortal. Los últimos asesinados fueron dos policías nacionales que renovaban carnets de identidad en Sangüesa (Navarra) en mayo de 2003. Un año y medio después, Arnaldo Otegi leyó lo que ahora se conoce como el documento de Anoeta, en el que se apostó por "sacar el conflicto de las calles" y "llevarlo a la mesa de negociación". Constituyó el preludio del alto el fuego del año siguiente, que vino precedido asimismo de una "suspensión de acciones armadas" en Cataluña, una decisión repudiada de forma unánime.

A lo largo de estos nueve meses, los contactos secretos y esporádicos entre enviados del Gobierno y ETA han convivido tanto con la detención de 28 etarras --18 de ellos en Francia-- como con la intensificación de la kale borroka y las constantes condenas de dirigentes del PP a cualquier tipo de contactos con representantes de lo que los populares denominan "ETA-Batasuna".

APOYOS Y RECHAZOS Zapatero ha contado en todo momento con el respaldo más o menos incondicional de la mayoría de los grupos de la oposición, del ejecutivo tripartito de Vitoria y de la patronal vasca. En las Cortes ha tenido que enfrentarse nada más --y nada menos-- que con el rechazo del PP, que, fuera del hemiciclo, ha sido auxiliado en su cruzada contra el diálogo por las manifestaciones organizadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) e influyentes medios de comunicación como El Mundo y la COPE.

La negativa de Batasuna a condenar la violencia etarra y adecuar sus estatutos a la ley de partidos que en tiempos de José María Aznar acordaron el Partido Popular y el PSOE no ha ayudado en nada a desbrozar el "largo, duro y difícil" camino hacia la normalización del País Vasco. Tampoco lo ha allanado la insistencia de la izquierda aberzale en introducir en la aún no constituida mesa de partidos vascos el debate sobre la autodeterminación ni discutir acerca de la posible futura unión de Navarra y el País Vasco.

El Gobierno socialista se ha encontrado con dos fuerzas totalmente opuestas que han acabado por romper la frágil cuerda de las conversaciones. Por un lado, la izquierda aberzale, que ha ido inyectando presión con la kale borroka a medida que el proceso se iba esclerotizando. En el lado contrario, los conservadores españoles, cuyos magistrados, jueces y fiscales también han depositado cuidadosamente sus granitos de arena en la frágil relojería del proceso con sentencias y autos claramente contraproducentes.

DESESTABILIZACIÓN Uno de los fallos más desestabilizadores fue la condena a Iñaki de Juana Chaos a 12 años y siete meses por un delito de amenazas. De Juana, que ya había cumplido su condena por varios asesinatos y tenía que salir en libertad, inició una huelga de hambre intermitente que lo ha llevado a las puertas de la muerte. En la actualidad se encuentra encadenado en un hospital, donde lo alimentan a la fuerza. Su libertad es una de las principales reivindicaciones de Batasuna y sus organizaciones afines, al tiempo que una excusa para los jóvenes aberzales avezados en la quema de autobuses, contenedores y cajeros así en el País Vasco como en Navarra.

Los vaivenes y las contradicciones han sido constantes. Las palabras han ido por un lado; los hechos, por el contrario. Mientras el obispo Juan María Uriarte --mediador en una anterior tregua-- pronosticaba con gozo que "la paz está más cerca que nunca", la Gendarmería detenía a tres etarras acusados de robar coches y explosivos en el sur de Francia. Una semana después de que tres diarios vascos informasen de una reunión secreta "en un país europeo" entre etarras y delegados gubernamentales, la Ertzaintza descubrió un zulo recién cavado en un bosque de Amorebieta. Contenía 60 kilos de sustancias para explosivos. Quizás las mismas que las usadas ayer en la T-4 de Barajas.